La Corte Constitucional no dio paso a las tres últimas preguntas que envió el Gobierno, y que iba a incluir en la Consulta Popular que se realizará en febrero del 2023. Así, esta solo cuenta con ocho interrogantes aprobadas. En estas preguntas se proponía agregar o reformar tres artículos en dos cuerpos normativos (Código Orgánico Integral Penal y Ley de Régimen Tributario Interno).

A través de su dictamen, el martes 29 de febrero del 2022, el organismo precisó que las reformas legales incluidas en los anexos de las preguntas 1 y 3 se refieren a temas que no estaban contemplados en la pregunta, desbordando así su alcance, lo que afecta la libertad del elector e incumple la carga de lealtad. 

Así también, la Corte identificó que, las disposiciones jurídicas propuestas en la consulta de las preguntas 1 y 3  superaron el control material conforme a lo previsto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin embargo, al no haber superado el control formal, no pueden ser aprobadas.

Respecto del análisis material de la pregunta dos, la ponencia concluye que la misma supera el control material, mas no el formal. No obstante, respecto de esta pregunta, las juezas constitucionales Daniela Salazar Marín, Karla Andrade Quevedo y Alejandra Cárdenas Reyes y, el juez constitucional Alí Lozada Prado presentaron un voto concurrente conjunto, en el que sostienen que se debió realizar un análisis mucho más riguroso para asegurar que las consultas que persigan medidas de corte punitivo estén acordes a los principios que rigen el sistema de rehabilitación penal y respeten el principio de estricta legalidad en esta materia, lo que, afirman, no ocurre cuando estas adoptan la modalidad de referéndum normativo.

Finalmente, los nueve jueces concuerdan que la Corte Constitucional debe ejercer el control de constitucionalidad ante la propuesta de consulta popular sobre la base de sus competencias constitucionales y legales, pero esto no quiere decir que este Organismo tome posturas o que no esté consciente de la realidad por la que atraviesa el país, así como de los tiempos electorales, y la relevancia de los temas pretendidos.

"Por lo expuesto, esta Corte exhorta a la Presidencia de la República a presentar los temas planteados a la Asamblea Nacional a través de proyectos de ley. A la vez, exhorta a la Asamblea Nacional a sintonizar con las necesidades urgentes del país y la realidad que vive el Ecuador y cumplir su rol de legislador responsable, según sus competencias constitucionales", precisó la Corte en un comunicado.