Cinco asambleístas de Azuay presentaron, este 20 de agosto de 2024, el informe preliminar con los hallazgos encontrados en el caso IESS. En este proceso se investiga presuntas irregularidades (nepotismo y tráfico de influencias) en el círculo cercano a Rosa Argudo, secretaria del Sindicato de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

Según el documento, que será presentado a la Fiscalía General, como hallazgos se encontró: supuestas capacitaciones para ascensos con valores que se pagaban presuntamente en cuentas personales; compraventas de un hotel en Cuenca dentro del mismo círculo de familiares de Rosa Argudo y la Confederación Ecuatoriana de Trabajadoras y Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (Cetoss); firma de convenios con empresas y personas para supuestamente evadir procesos de contratación pública; presunto incremento de patrimonio de la sindicalista y familiares; familia de Argudo y más dirigentes sindicales trabajando en el IESS.

Capacitaciones y "ascensos"

Los asambleístas denunciaron que presuntamente el sindicato cobraba a los trabajadores del Hospital del IESS Azuay, José Carrasco Arteaga, por dos capacitaciones anuales. Estas "capacitaciones" eran requisito para "ascender en el escalafón".

El asambleísta Leonardo Berrezueta detalló que estas capacitaciones se pagaban presuntamente en las cuentas personales de los servidores y no en la del sindicato. 

En los registros del hospital no existirían estas capacitaciones cobradas a los trabajadores. Berrezueta dijo que los únicos talleres que constan son los impartidos por el área de talento humano. Estos no generaban ascensos. "La gran conclusión es que hay un presunto delito de estafa y abuso de confianza al realizar cursos que la gente no necesitaba hacer para un escalafón", señaló Berrezueta.

Los cursos eran presuntamente impartidos por una universidad de Colombia sin validez en Ecuador. Además, los supuestos ascensos jamás ocurrieron. Se presume que lo que se incrementaba era el salario. 

Adrián Castro, asambleísta independiente, señaló que el sindicato también tenía un convenio con la Universidad Católica de Cuenca. La casa de estudios cobraba apenas el 20% del precio que les costaba a los trabajadores.

Compraventa de un hotel en Cuenca

Los asambleístas también denunciaron un presunto delito de enriquecimiento ilícito en la compraventa del hotel San Antonio, ubicado en Cuenca.

Abel Terreros, esposo de Argudo, fue quien compró este bien en 2006 por USD 102.700. En 2018, Terreros habría vendido el inmueble a José Cordero, yerno de la secretaria del Sindicato, por seis veces más su valor (USD 600.000). 

En mayo de 2018, Cordero vendió el hotel a la Confederación Ecuatoriana de Trabajadoras y Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social, por USD 750.000. Habría ganado USD 150.000 sobre el valor en el que compró este bien.

Castro denunció que también hay un edificio que está a nombre de Terreros y que estaría avaluado en USD 1 millón. 

Otros sindicalistas investigados

Según la asambleísta Sofía Sánchez, hay otros dos funcionarios que presuntamente se beneficiaron de estas acciones irregulares: Virgilio Suárez, técnico de mantenimiento del IESS, y Oswaldo Calahorrano, chofer de la institución.

Ellos también tendrían familiares laborando en el IESS. Por esa razón, los asambleístas pedirán que también sean investigados en el caso.

Contratación pública

Se presume que al menos cinco convenios se firmaron entre el hospital y varias empresas y personas. Estos, según los asambleístas, ayudaron a "evadir procesos de contratación pública y entregar contrataciones 'a dedo'". 

Con estos convenios se habrían colocado las máquinas expendedoras de alimentos con la empresa cuya única accionista es Ángelica Terreros Argudo, hija de Rosa Argudo. Además, se firmaron dos convenios para el funcionamiento de cajeros automáticos en el hospital; otro para la ubicación de un contenedor en el hospital y uno adicional de aseo y recicladores. 

Rosa Argudo fue notificada por la Contraloría General del Estado el 8 de julio de 2024. La institución le practicará un examen especial. Argudo dijo que ella y sus familiares no tienen miedo de abrir sus cuentas.