Una de las acusaciones que la Fiscalía tiene sobre el exasambleísta Pablo M., investigado en el caso Purga, es que  presuntamente habría utilizado su poder político en 2018 para beneficiarse de un habeas data en contra del Banco del Pacífico. Lo dijo la fiscal Diana Salazar en la audiencia de formulación de cargos, que se llevó a cabo el martes 5 de marzo de 2024. 

Este proceso judicial, que interpuso el exlegislador, buscaba que la entidad bancaria reconociera el supuesto  pago que habría realizado de un préstamo de USD 314.800 entre 1992 y 1999.  A decir del Banco del Pacífico esta cantidad de dinero nunca se registró. De allí que la entidad financiera colocó al exlegislador en la central de riesgos por mora. 

No obstante, en el proceso judicial, el exasambleísta presentó 13 notas de crédito que avalaban los pagos supuestamente realizados. El juez del Guayas, Reinaldo C., también investigado en el caso Purga, falló a favor del exlegislador, tras conocer los documentos. 

EL TELÉGRAFO accedió a la sentencia de este proceso y pudo visualizar los alegatos de los abogados del exasambleísta y del Banco del Pacífico. 

Uno de los juristas que defendió a la entidad financiera, fue Erick Leuschner. El abogado reveló, durante el proceso judicial, que personal técnico de la entidad verificó las 13 notas de crédito que presentó Pablo M.

Según Leuschner, 12 notas de crédito habían sido presuntamente emitidas en diferentes fechas de 1999. Y solamente una nota de crédito habría sido emitida en 2002. El Banco del Pacífico solo reconoció a esta última como auténtica, mientras que las otras 12 fueron declaradas no auténticas. 

“El Banco del Pacífico reconoce como nota de crédito auténtica a la nota de crédito emitida en 2002, las otras 12 notas de crédito del año 1999, el Banco del Pacífico no las reconoce. No son auténticas”, señala el expediente judicial.

Pero, ¿cómo el Banco llegó a esa conclusión?

En el proceso, la entidad bancaria señaló que en el margen inferior izquierdo de las notas de crédito, fechadas en 1999, aparecía el  número de cartera 29909002025300.

Según el Banco, esa serie numérica sería la pista, que reveló la falsedad de los documentos. La versión del Banco del Pacífico: “ese número es relevante porque ese número surge en el mundo recién en el año 2002 por orden de la Superintendencia de Bancos, que mediante resolución crea un catálogo único de cuentas en el año 2002”.

De allí que los abogados del Banco del Pacífico señalaron en el proceso esta supuesta irregularidad.

“¿Cómo es posible que un documento emitido en el año 1999 incorpore un código de cuentas bancarias que recién se crea por la Superintendencia de Bancos en el año 2002?”, fue la pregunta que realizaron los representantes legales del Banco del Pacífico en el proceso judicial.

La respuesta la dieron ellos mismos. “La única explicación racional del viaje al futuro, que las notas de crédito han hecho, es que todos los documentos de 1999 fueron forjados tomando como modelo la única nota de crédito real que sí reconoce el banco y que fue emitida en el 2002”, reza el documento .

Esta última nota de crédito (2002) fue hecha por un valor de USD 67.500. El resto de pagos, que supuestamente el Banco no reconoce, fueron de estos valores:

Por su lado la defensa del exasambleísta Pablo M., José Flores, señaló que el Banco atentó contra los derechos del exlegislador y su esposa. En el proceso consta que el Banco le siguió tres procesos coactivos y que remató una hacienda en Durán. Según los abogados del exlegislador, dicho remate se hizo sin que ellos se enteren. 

“La otra parte (Banco Pacífico) dice que nunca se ha pagado nada (…) y el banco se remató y adjudicó esta hacienda y con ese valor cobrado de manera arbitraria e ilegal, nuestro pedido es que nos sea entregada la información completa de este remate”, señalaron en la diligencia. 

En torno a las acusaciones de los documentos forjados, la defensa de Pablo M., no se pronunció. Al final, los jueces favorecieron al exasambleísta y dispusieron que el Banco del Pacífico le otorgue casi USD 4 millones por “daños causados”. 

Hoy ese fallo es investigado por la Fiscalía dentro del caso Purga. La entidad ha señalado que el exasambleísta presuntamente habría tenido injerencia en la justicia para beneficiarse en este proceso judicial contra el Banco del Pacífico.