La Asamblea Nacional analiza el proyecto de ley que regula el uso progresivo de la fuerza, presentado el 2021 y que fue reformulado por el actual gobierno. En lo sustancial, se busca establecer parámetros y procedimientos en las acciones de los organismos de seguridad del Estado, sean estos policiales o militares.

En el proyecto se establece seis niveles del uso de la fuerza, mediante los cuales los agentes deberán adecuar sus acciones, según la situación o amenaza que enfrenten. Se contempla, por ejemplo, la demostración de autoridad ante el riesgo inminente, con el uso de técnicas de comunicación, técnicas físicas, defensivas no letales, hasta la fuerza con potencia letal o armas de fuego, con munición letal, a efecto de neutralizar la actuación violenta.

El documento, que fue elaborado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, ha llamado a 50 comparecencias entre autoridades, expertos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos. Se analizó la sentencia de la Corte Constitucional referente al reglamento sobre el uso progresivo de la fuerza, que se califica como hilo conductor de dicha ley.

Para el director de Seguridad Ciudadana y cuarto en el nivel del mando policial, general Fausto Salinas, la reglamentación de estos procedimientos permitirá a los uniformados actuar con el respaldo de la ley y en defensa de los ciudadanos y la sociedad en su conjunto.

En la actualidad, dice Salinas, “los elementos policiales no tenemos una seguridad en cómo actuar frente a un evento adverso como un ataque de una persona armada, ya que la ley no permite el uso del arma de dotación de forma directa, repeliendo un fuego directo del presunto delincuente. Ello nos deja en una indefensión porque el policía debe evitar al máximo usar su pistola, salvo en una situación extrema que pone en peligro la vida misma del policía.”

Hay que recordar episodios como el de una joven asesinada en Ibarra ocurrida años atrás por su pareja frente a la comunidad y los propios policías, que imponentes, no pudieron repeler al agresor precisamente por temor a ser enjuiciados posteriormente por el agresor o sus familiares. La opinión pública y los medios de comunicación criticaron el no accionar de la Policía frente a un crimen flagrante, pero el debate se encendió recordando la falta de procedimientos que regule estas acciones criminales, lamenta Salinas.

El mando policial compareció la semana pasada ante la comisión de la Asamblea y expuso su necesidad en función de la realidad de la calle y los peligros a los que se exponen los uniformados, señala Salinas: “Nuestra Policía respeta los derechos humanos de todas las personas y somos una de las instituciones de seguridad que más respeta esa normativa. Y además podemos sentirnos orgullosos porque hemos sido reconocidos por organismos internacionales, en ese sentido”.