Gustavo Galué, chofer venezolano de transporte público, vive una especie de bucle temporal a 100 metros de una estación de gasolina en la calle Cecilio Acosta de Maracaibo. Empuja su pequeño vehículo rojo, destartalado, avanza poco a poco entre cornetas y ruidos del tráfico matutino: unos metros primero; frena; espera que avance la fila de carros; y, entonces, sudado, reanuda el proceso a los minutos en su camino a llenar el tanque de gasolina.

Padre de cuatro hijos, el hombre pernoctó junto a su esposa el miércoles 18 de diciembre de 2019 en la cola para poder garantizar su turno. Un militar que ayuda a coordinar el servicio de combustible en la estación marcó con tinta rojiza el número 72 en el vidrio frontal de su carro.

Son las 08:30 del octavo día de vigencia de un nuevo esquema de racionamiento del combustible en los 21 municipios del estado Zulia, fronterizo con Colombia. Bautizado como Pico y Placa, limita los días de surtido de acuerdo con el último dígito de la placa. Si el terminal es cero o número par, toca lunes, miércoles y viernes. Si es impar, martes, jueves y sábados. El domingo es el turno de todos.

Galué, quien maneja en rutas de transporte del oeste de la ciudad sin permiso oficial de la municipalidad, dice no haber notado mejoras a su larga espera durante esta semana. “Son las mismas colas de siempre, largas e interminables. Tiene uno que dormir en ellas para echar al otro día temprano”, dice, agotado de tanto empujar, ya a solo 30 vehículos de su turno.

El gobernador Omar Prieto, cercano al presidente en disputa Nicolás Maduro, activó el plan Pico y Placa el lunes 16 de diciembre con la ayuda de los comandantes militares del estado Zulia, el más poblado de Venezuela y considerado la región petrolera del país.

Se trata del enésimo mecanismo de racionamiento de gasolina en la región en los últimos cinco años para intentar atacar el contrabando de gasolina, según explicó en días recientes el secretario regional de gobierno, Lisandro Cabello.

Desde 2014, el gobierno limitó la cantidad diaria de litros de combustible que puede comprar cada chofer en municipios zulianos, como Maracaibo, la capital, y San Francisco, su vecino. La restricción se realiza mediante un chip asignado a cada vehículo por la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Francisco Arias Cárdenas, actual embajador de Venezuela en México, quien participó junto a Chávez en el golpe de Estado de 1992, admitió en el año 2018 el fracaso de racionamientos como ese, que activó durante su gestión como gobernador de Zulia hace cinco años.

“El chip funcionó en un principio, pero la misma corrupción interna de quienes lo manejaban y lo instalaban confluyó para que no fuera suficiente. Dejó de cumplir su efecto”, dijo Arias, en un evento oficial de 2018, cuando era presidente de la empresa pública Corpozulia.

Más recientemente, el Gobierno local redujo el surtido de combustible a todos los usuarios a solo 30 litros por día. En noviembre, elevaron el tope a 50 litros y, aunque sin efecto real, también se prohibió este año la pernocta de vehículos cerca de las gasolineras.

Carlos Ríos Urbano, jefe militar en Zulia, hizo votos porque el nuevo esquema tuviera éxito. “¡Tienen que bajar las colas! Si no bajamos las colas, estamos frente a un fenómeno inexplicable”, dijo en conferencia de prensa antes de la puesta en marcha del mecanismo.

Autoridades de Gobierno y de las Fuerzas Armadas denunciaron que en regiones como Zulia, fronterizo con Colombia, el contrabando de gasolina es frecuente y es un negocio millonario.

Incluso, funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y militares encararon arrestos y juicios en tribunales por su participación en la extracción de combustible hacia el país vecino.

Lisandro Cabello, la mano derecha del gobernador Omar Prieto, indicó el día de la puesta en marcha del nuevo sistema de racionamiento que las colas ya se habían reducido en 50%.

Silfredo González, de 57 años, no ve un resultado tan optimista. Es el dueño de una tienda de pinturas saqueada en marzo durante el apagón de varios días que afectó a la mayoría de estados en Venezuela. Admite, que ahora revende gasolina para ganar algo de dinero.

“Me dejaron sin nada (en el saqueo). Vendo gasolina para sobrevivir”, confiesa, encaramado en su camioneta mientras espera que avance la cola de vehículos en una estación de la avenida 11 de Maracaibo.

Lleva 11 horas de espera. Todavía debe avanzar cinco cuadras hasta una estación de servicio en la avenida 11 de la ciudad. “El sistema es bueno, pero tardan en marcar el número”, critica.

El tope de números asignados depende de la cantidad de gasolina que reciba cada estación de parte de Petróleos de Venezuela: asignan, en promedio, entre 250 y 500 cupos diarios, depende de si el camión cisterna de la petrolera surtió de 14.000 a 30.000 litros.

La producción decrece

Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. Un litro de combustible de 91 octanos cuesta un bolívar o fracciones de céntimo de dólar estadounidense, subsidiada por el gobierno desde hace décadas. Pero, en los últimos años, la producción  decreció.

Iván Freites, secretario del mayor sindicato de trabajadores petroleros de Venezuela, denuncia que el país no produce ni refina gasolina desde el 3 de noviembre pasado. Ese día, afirma, se paralizó la planta catalítica de Amuay, en el estado Falcón.

Según sus cálculos, Venezuela importa de 100.000 a 150.000 barriles de gasolina de bajo octanaje al día. Dice que la mayoría de esos fletes se diluye en el contrabando y en honrar los compromisos del Gobierno Nacional de despachos de gasolina hacia Cuba. “Si dejan, es poca, por eso la escasez”, advierte Freites.

Sectores de oposición fustigan el nuevo plan Pico y Placa. Desirée Barboza, diputada de la Asamblea Nacional por el estado Zulia, considera que es un mecanismo fallido.

Barboza lamenta que servicios como el agua, la electricidad y la gasolina estén cada vez más limitados en Zulia, que, a su juicio, está sumido “en la decadencia, en la miseria, en el estancamiento”. (I)