El acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC no ha traído consigo la calma esperada. En los últimos meses en algunas zonas del país la violencia alcanza niveles que recuerdan a "las peores épocas del conflicto" que durante casi cinco décadas sufrieron los colombianos, alerta Médicos Sin Fronteras (MSF).

Según la ONG, en algunos departamentos la población vuelve a estar asediada por amenazas, asesinatos, masacres, desplazamientos y confinamientos producto de las disputas entre los distintos grupos armados activos en el país.

En los tres últimos años, desde que se recrudeció la violencia, el único "relativo respiro" que han tenido los ciudadanos fueron los primeros meses de la pandemia de coronavirus, pero la violencia ha vuelto a alcanzar "picos de intensidad muy altos".

En el punto de mira de esa violencia están en gran medida los defensores y activistas de los Derechos Humanos así como los líderes indígenas. Según el recuento del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de año han sido asesinados 237 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en el país, a los que se suman diez familiares de estos. Además, han sido asesinados 51 antiguos guerrilleros de las FARC.

Médicos sin Fronteras llamó la atención sobre los departamentos de Nariño y Norte de Santander, en los que trabaja. En el primero, las comunidades del municipio de Magui Payán debieron desplazarse siete veces a causa de los enfrentamientos entre grupos armados por el control de este territorio.

En la zona rural de Cúcuta, Tibú y Puerto Santander, en el departamento de Norte de Santander, la dinámica ha sido parecida. En julio, cerca de 800 personas tuvieron que refugiarse en tres escuelas después de la masacre de ocho personas en la vereda Totumito-Carboneras. Entre los desplazados había colombianos, venezolanos e indígenas Wayuú, que solo después de 18 días pudieron regresar a cuentagotas a sus domicilios.

"Después de estos eventos, vemos a personas que llevan tres meses, seis meses o un año sin poder acceder a una consulta médica, con lo cual todas las morbilidades crónicas, como la hipertensión o la diabetes, no han sido atendidas", explica el coordinador de emergencias de MSF en Nariño, Luis Ángel Argote.

Como consecuencia de ello, "nos encontramos a personas en unas condiciones casi de urgencia médica cuando hubieran podido ser tratadas a tiempo si no existieran estas dinámicas de violencia", lamenta.

En general, los equipos de MSF que visitan a desplazados y confinados por la violencia se encuentran con afecciones gastrointestinales y de piel, relacionadas de la falta de suministro de agua y saneamiento. En la mayoría de los casos los pacientes no habían tenido acceso a servicios médicos por largos periodos, lo cual es especialmente grave, denuncia la ONG, en casos de personas con enfermedades crónicas y trastornos mentales que no han recibido el tratamiento adecuado.

La situación, según MSF, se ve agravada por el hecho de que en estas regiones hay falta de personal capacitado y estructuras adecuadas, por lo que ser atendido en una urgencia o acceder a una consulta de salud primaria o salud mental "se convierte para estas personas en un imposible" sin que haya perspectivas de que este panorama cambie por ahora. (I)