La guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia acordaron ayer, al cierre de una reunión de 3 días, que delegaciones de víctimas del conflicto armado participen en los diálogos de paz en La Habana a partir del 16 de agosto, e invitaron a los obispos católicos a acompañar el proceso.

“Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC informan a la opinión pública que acordamos los mecanismos de participación directa de las víctimas del conflicto interno en la Mesa de Conversaciones de La Habana y reconocemos que su voz será un insumo fundamental en las discusiones sobre este punto”, dijeron en un comunicado conjunto. También se invitó a la Conferencia Episcopal a acompañar dicho proceso.

El tema de reparación de víctimas es uno de los puntos más complejos de la agenda destinada a poner fin al conflicto de medio siglo, que ha dejado 220.000 muertos y más de 5 millones de desplazados por la violencia.

“La primera visita de las víctimas se llevará a cabo el 16 de agosto”, indicaron las partes, que iniciarán la discusión de este sensible tema en el próximo ciclo de pláticas, que arranca el 12 de agosto.

Este será el primer ciclo en que las partes aborden temas de fondo después de un receso de dos meses durante el cual fue reelegido el presidente colombiano Juan Manuel Santos (centro-derecha), una señal de que la mayoría de sus compatriotas apoya el proceso de paz, cuestionado por el expresidente Álvaro Uribe.

El nuevo ciclo comenzará cinco días después de la investidura de Santos para un nuevo periodo de cuatro años, en el que el mandatario confía en sellar la paz con las FARC, la mayor guerrilla de ese país, con 7.000 a 8.000 combatientes.

“Las delegaciones y sus integrantes tendrán plena autonomía para exponer sus puntos de vista. La Mesa se compromete a tomar atenta nota de los enfoques y propuestas formuladas a fin de contribuir a garantizar de la mejor manera la materialización de los derechos de las víctimas”, dice el comunicado.

Hasta ahora y desde que iniciaron los diálogos en noviembre de 2012, las partes han consensuado tres de los seis puntos de la agenda: reforma rural, participación política y drogas ilícitas.