Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han sancionado al gobierno de Nicolás Maduro como medida de presión para que abandone el poder. Sin embargo, este indica que no dejará el mandato.

Maduro alega que su presidencia es legal ya que la obtuvo en los comicios de 2018. No obstante, la comunidad internacional desconoce este proceso electoral ya que no participó la oposición.

A finales de enero el departamento de Estado de Estados Unidos certificó la autoridad del diputado opositor Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, para “controlar ciertos activos” del Gobierno venezolano en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o cualquier otra entidad bancaria estadounidense.

Un día antes el asesor de Seguridad estadounidense, John Bolton, anunció la imposición de sanciones contra la petrolera venezolana Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), cortando el flujo del efectivo a Maduro.

Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, las medidas restrictivas comprenden el congelamiento de $ 7.000 millones en activos de esa compañía estatal venezolana, en adición a una pérdida estimada de $ 11.000 millones de sus exportaciones en los próximos años.

De acuerdo con los analistas de la CNN, la venta de oro de las reservas de Venezuela es una de las opciones que tendría el presidente Maduro para tratar de obtener efectivo. Sin embargo, el Banco de Inglaterra congeló en Londres las reservas de oro del país sudamericano. Las mismas están estimadas en 31 toneladas con un valor de $ 1.300 millones.

El 27 de enero el jefe del Parlamento y reconocido por gran parte de la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que ha pedido a varios bancos del mundo, entre ellos el de Inglaterra, la “protección” de los activos que el país tenga depositados en esas instituciones para evitar que el gobierno de Maduro haga uso de los recursos.

El Ejecutivo de Maduro inició hace meses un proceso para retirar 31 toneladas de oro del Banco Central inglés, en medio de la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

Los gobiernos internacionales justifican que el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento, Guaidó, hasta que sean convocadas nuevas elecciones.

Esto lo estiman los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna del país.

Su juramentación durante una marcha opositora, el pasado 23 de enero, desató una grave crisis, con protestas y disturbios que dejan 40 muertos y 850 detenidos, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Para consolidar el interinazgo de Guaidó, el Parlamento venezolano designó a René de Sola Quintero como representante diplomático de Venezuela en Ecuador. Hizo lo propio en una decena de países que lo reconocen. (I)