La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó este 20 de febrero la decisión del Gobierno de cerrar sus fronteras marítima y aérea con Aruba, Bonaire y Curazao y pone en revisión relaciones diplomáticas con estos países.

En conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, la segunda mandataria explicó que la medida fue tomada tras la decisión de las autoridades de las islas de “prestarse para el show de la ayuda humanitaria, motivo para justificar una intervención de Estados Unidos”.

Rodríguez argumentó que la disposición del cierre fronterizo del estado de Falcón se mantendrá de manera indefinida hasta que esos gobiernos acaten las leyes internacionales.

En ese sentido, la vicemandataria indicó que el Gobierno busca el camino de la legalidad y está presto al diálogo, a mecanismos diplomáticos, el respeto absoluto a la soberanía de Venezuela, a la carta de las Naciones Unidas y al derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano.

La segunda mandataria precisó que el operativo denominado Centinela está activado hace cuatro meses con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el resguardo de la nación ante posibles incursiones no autorizadas.

Los integrantes del cuerpo castrense están desplegados en toda la costa falconiana a nivel de puertos y muelles, así como en los aeropuertos con monitoreo permanente y en alerta, detalló Rodríguez.

Por otra parte, refirió que la derecha pretende montar el próximo 23 de febrero un show con la intención de ingresar la supuesta asistencia, 'solo para responder al llamado del general John Kelly, exjefe del Comando Sur norteamericano, quien dijo que de presentarse una situación de crisis humanitaria intervendría militarmente a Venezuela'.

Rodríguez denunció que si realmente los gobiernos extranjeros puestos a las órdenes de Washington 'quisieran ayudar deberían dejar de despojarnos los activos y desbloquear las cuentas bancarias y los inmensos recursos presentes en distintos países'.

Al respecto, recordó que la nación suramericana ha perdido durante 2019 alrededor de 35.000 millones de dólares por las políticas de hostigamiento financiero promovidas por la Casa Blanca y sus aliados. (I)