Las autoridades venezolanas anunciaron la detención de un civil y 8 policías del estado occidental del Zulia por su presunta relación con los asesinatos de dos jóvenes ocurridos el mes pasado en la región.

El jefe y siete oficiales de un cuerpo policial del estado de Zulia y un civil fueron detenidos el pasado fin de semana y próximamente serán imputados por su presunta relación con los asesinatos de Alejandro García, de 22 años, y José Daniel Frías Pinto, de 20 años, indicó el lunes el Ministerio Público  (Fiscalía) en un comunicado.

Los dos jóvenes habrían sido interceptados el pasado 16 de febrero por los policías cuando llegaban a la localidad occidental de Santa Bárbara del Zulia y al día siguiente aparecieron muertos entre matorrales con varios disparos, precisó el Ministerio Público.

Las autoridades no informaron sobre cuál sería el móvil de los asesinatos.

Los asesinatos de García y Frías coincidieron con las muertes de otros cuatro jóvenes registradas en los últimos días en el estado Táchira y la capital venezolana, que han desatado fuerte polémica y tensiones en el país.

El estudiante Kluiverth Roa, de 14 años, murió el pasado 24 de febrero tras recibir un disparo de bala de goma en la cabeza que supuestamente le realizó un policía con una escopeta durante una protesta en la ciudad suroccidental de San Cristóbal, capital del estado de Táchira.

El policía nacional, Javier Mora, de 23 años, fue detenido por su presunta vinculación con el asesinato de Roa e imputado por la Fiscalía.

La muerte de Roa, que fue condenada por el presidente Nicolás Maduro, generó protestas callejeras en Caracas y otras ciudades.

En medio de las tensiones generadas por el asesinato del estudiante en San Cristóbal, opositores, abogados y universitarios exigieron a las autoridades la derogación de una reciente regulación del Ministerio de la Defensa que permite a los militares venezolanos utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas, normativa que consideran "inconstitucional".

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, descartó que el asesinato de Roa tenga que ver con la referida resolución, e indicó que su despacho exhortó a hacer un manual de la normativa y a establecer otras precisiones sobre la actuación de la Guardia Nacional en las protestas.