Hizo falta una batalla judicial sin precedentes para que los guardianes religiosos del Valle de los Caídos, monumento fascista que queda en España, den su brazo a torcer.

El Valle de los Caídos, el enorme mausoleo que Franco construyó para honrar a sus muertos, se prepara para abrir las lápidas selladas e identificar a cuatro combatientes republicanos fusilados en la guerra española de 1936 para entregarlos a sus descendientes.

Un grupo de peritos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde el lunes exhuma los restos en medio de expectación y un dispositivo de seguridad estricto.

Según datos oficiales, en el subsuelo del complejo yacen 34.000 personas, 23.000 de ellas son republicanas, que fueron trasladadas desde fosas comunes descubiertas en la mayoría de las regiones.

Los cuerpos de los fascistas fueron depositados en columbarios individuales y los de los republicanos en criptas colectivas situadas en ocho cavidades adyacentes a la capilla de la basílica. Las labores se extenderán varias semanas.

El complejo arquitectónico es en la actualidad el gran ícono de peregrinación ultraderechista en España y está administrado por religiosos benedictinos cuyo prior es Santiago Cantera.

La actitud desafiante de este monje hacia la orden judicial de exhumación y su desaire al Senado, donde se negó a comparecer invocando su condición de sacerdote, provocó una controversia fabulosa. Se sublevó a la izquierda parlamentaria y puso en enormes dificultades a la jerarquía católica. Su rebeldía reavivó la identificación de la Iglesia con el bando fascista que ganó la guerra civil y fue obligado a desistir tras ser desautorizado públicamente por el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.

“El responsable del complejo es Patrimonio Nacional. Si la autoridad se lo dice, el prior no se puede negar a recibir ni a sacar los restos humanos que allí se encuentran”, anunció Blázquez.

El Valle de los Caídos es un monumento levantado sobre 1.350 hectáreas de terreno fácilmente identificable por la gran cruz de 150 metros de altura que lo corona.

Está ubicado en el municipio de San Lorenzo del Escorial, a 47 kilómetros al noroeste de Madrid, en el corazón de la Sierra de Guadarrama. Fue construido entre 1940 y 1959 por presos republicanos condenados a trabajos forzados por los tribunales franquistas.

Su existencia aún es motivo de confrontación en el país. Para quienes denuncian las atrocidades que causó la dictadura se trata del mayor símbolo de la infamia franquista. Para quienes defienden el legado nacional católico que se instauró en España durante 40 años es un lugar venerado.

En un lugar preeminente de la basílica están sepultados el fundador de la Falange española José Antonio Primo de Rivera y también el dictador Francisco Franco, fallecido en 1975. Toda una bomba de tiempo para un país donde las profundas heridas que provocó la guerra civil de 1936 nunca se cerraron.

Los monjes de la abadía no tienen jurisdicción sobre los enterramientos anónimos, pero sí en el caso de Franco porque hubo un acuerdo oficial para su custodia. Para ello reciben anualmente una subvención de 2 millones de euros por parte del Estado.

Con la aprobación en 2007 de la ley de la memoria histórica, el gobierno del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero presentó un informe elaborado por una comisión de expertos en el que se recomendaba sacar los restos del dictador fascista del Valle de los Caídos para convertir el complejo en un memorial para las millones de víctimas que causó la guerra civil.

Demanda
La idea que sigue defendiendo la izquierda en el Congreso es despojar al Valle de los Caídos de cualquier connotación ideológica y política, “atendiendo únicamente la dimensión moral de la memoria y no como símbolo de una sola parte”, reclamó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el apoyo de Podemos.   

Sin embargo, cualquier esfuerzo para esclarecer esta página negra de la historia de España siempre cuenta con múltiples obstáculos de la derecha. El actual portavoz del Partido Popular (PP), Rafael Hernando, enfrentó hace dos años una demanda presentada por familiares de víctimas republicanas tras declarar en público “las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones”. Tuvo que pedir excusas.

No obstante, la postura del PP no varía.

Desde el triunfo de Mariano Rajoy, la ley de memoria histórica acumula polvo en el fondo de un cajón y el proyecto de reasignación del Valle de los Caídos está paralizado. Las demandas para exhumaciones de fosas comunes continúan realizándose en los tribunales con fondos procedentes de las propias familias y del mayor sindicato de electricistas noruego que donó 12.000 euros hace dos años.

Según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, todavía hay 140.000 personas, entre víctimas de la contienda civil y de la posterior dictadura, que no son localizadas. Esta cifra situaría a España como el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no son recuperados ni identificados, tras Camboya. (I)