Los uruguayos decidieron decir "no" a los militares en las calles y rechazaron la reforma constitucional que buscaba que al menos 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas actuaran en la seguridad pública.

La iniciativa, que precisaba que más del 50 % de los votantes colocaran la papeleta del "sí", alcanzó el 46 % de los votos por lo que terminó siendo rechazada.

Los movimientos sociales, la negativa de todos los candidatos a la Presidencia de apoyar esta medida -incluido el del Partido Nacional (PN, centroderecha), Luis Lacalle Pou, pese a que la reforma fue planteada por un compañero suyo, y la actuación de los militares en Chile fueron algunas de las razones que llevaron a la población uruguaya a rechazar la adopción de esta iniciativa.

La propuesta surgió a principios de 2018 por parte del senador del opositor PN Jorge Larrañaga ante el incremento de los delitos en Uruguay, que, según cifras del Ministerio del Interior, estaban en el primer semestre de 2019 en 15.819 rapiñas y 171 homicidios.

¿QUÉ PROPONÍA LA REFORMA?

Entre los cuatro puntos de la iniciativa "Vivir Sin Miedo", los dos primeros eran habilitar los allanamientos nocturnos -algo que se prohíbe desde la primera Constitución de 1830- y el cumplimiento total de las penas para delitos graves.

Además, creaba la cadena perpetua revisable a los 30 años de reclusión y la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad formado por militares para ayudar a la Policía Nacional.

"Este modelo de fuerzas de seguridad con organización militar ya existe con notable eficacia en países de Europa y Chile", dijo Larrañaga meses atrás en una cadena nacional para defender este punto.

EL DILEMA DE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

Uno de los debates fue el hecho de recurrir a una consulta de cambio constitucional para incidir en la seguridad.

Esta no es la primera vez que la ley máxima uruguaya pasa por este tipo de procesos con vistas a bajar la delincuencia, puesto que en las elecciones nacionales de 2014 se buscó -sin éxito- una reforma para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.

En este sentido, el director del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, Ruben Correa Freitas, dijo a Efe que a él no le "gusta el proyecto de reforma constitucional" porque "le está agregando o incorporando a la Constitución temas" que, a su juicio, "no deberían ser de la Constitución".

Para Correa Freitas, si se hubiese aprobado esta reforma sería un retroceso en derechos humanos para la ciudadanía uruguaya, principalmente debido al punto referido a los allanamientos nocturnos.

"El artículo 11 de la Constitución Uruguaya que viene desde 1830. Nunca ha sido modificado. Creo que es una garantía que tienen los ciudadanos en el Uruguay y que no podemos retroceder en esta materia", acotó.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, CLAVES EN LA DECISIÓN

Cuando la Corte Electoral aprobó la celebración del plebiscito, todo parecía indicar que la reforma saldría con altos porcentajes de aprobación; sin embargo, con los meses cambió.

Uno de los factores claves fue el colectivo "Articulación Nacional No a la Reforma", que se abanderó con la idea de que este no era el camino para bajar el delito.

Artistas locales e internacionales posaron con el pañuelo del movimiento, las aficiones de fútbol colocaron en sus tribunas banderas alusivas al tema, se propagaron videos, fotos y afiches, se realizaron conciertos gratuitos todo para promover el "no" a la iniciativa.

La fuerza de estos colectivos quedó demostrada el 22 de octubre, cuando miles de personas marcharon por la céntrica avenida 18 de julio contra de la reforma.

Larrañaga, en tanto, tuvo un cierre de campaña más austero en el Ateneo de Montevideo, donde dio una conferencia de prensa y defendió su proyecto.

LOS MILITARES EN URUGUAY

El debate sobre la reforma supuso consigo viejos cruces entre los sectores que defienden a los militares uruguayos y su accionar y quienes han sufrido los abusos de las Fuerzas Armadas en los años previos a la dictadura y en los años que duró el golpe de Estado.

El historiador Aldo Marchesi dijo a Efe que en Uruguay hay "un fuerte componente de antimilitarismo" que asoció a esta reforma con los comienzos de la dictadura.

Sin embargo, también enfatiza que incluso desde la cúpula militar muchos estaban en contra del plebiscito y eso se vio reflejado en que Guido Manini Ríos, el candidato por el partido Cabildo Abierto -de gran apoyo castrense- se oponía.

El historiador explicó que, a fines de los 60, con la guerrilla instalada del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros -que integraba el expresidente José Mujica- el entonces mandatario uruguayo Jorge Pacheco Areco (1967-1972) instaló las Medidas Prontas de Seguridad, que incluyó a los militares en las calles.

"Pasaron a ser un actor político central; de hecho ellos empiezan a generar una suerte de interpretación de por qué existe la guerrilla y eso los lleva a sacar conclusiones que no solamente tienen que luchar contra la guerrilla, sino también contra los políticos corruptos y proponer un plan de transformación del país", detalla.

El también historiador Antonio Pereira explicó a Efe que esta no fue la primera vez que Uruguay tuvo que decidir sobre los allanamientos nocturnos ya que, en el plebiscito de 1980 -en el que los militares buscaron institucionalizar la dictadura-, uno de los puntos era este.

"En relación a la población civil y la fuerza militar, lo otro que me parece interesante es pensar o plantearse que siempre se discute conectándolo al miedo y la necesidad de orden", consideró.

Para el experto, que ningún candidato a la Presidencia hubiese apoyado la reforma habla de que había "valores democráticos" que estaban en juego.

"El plebiscito no sintoniza con esa clave democrática que hay en Uruguay", concluyó. (I)