José Mujica pondrá fin a su mandato como presidente de Uruguay el  1 de marzo de 2015 y lo hará tras haber demostrado al mundo que es posible gobernar con un estilo austero y sencillo que lo ha convertido ya en un líder insustituible e inimitable.

Más allá de su particular forma de ejercer el cargo, durante estos cinco años Mujica ha sido el gran motor de la transformación de Uruguay, después de décadas de dictadura militar y gobiernos conservadores.

El legado que deja a los uruguayos es una sociedad moderna. En este lustro ha promulgado la ley de despenalización del aborto a la que el exmandatario Tabaré Vázquez, impuso el veto presidencial, a pesar de haber sido aprobada por diputados y senadores, publica Europress.

Ya en 2013 sacó adelante la ley de parejas homosexuales, convirtiendo a Uruguay en el segundo país de América Latina, por detrás de Argentina, y en el duodécimo del mundo en permitir las uniones entre personas del mismo sexo.

En una de sus últimas medidas antes de abandonar el gobierno, este año ha entrado en vigor la ley para la producción y comercialización de la marihuana, un experimento pionero en una región desangrada por el narcotráfico.

Por todas estas iniciativas, The Economist eligió a Uruguay como ‘lo mejor del año’ 2013. La prestigiosa revista británica argumentó que estas “reformas pioneras no solo mejorarían un país en particular sino que, en caso de ser emuladas, podrían beneficiar a todo el mundo”.

Sin embargo, en la recta final de su mandato, Mujica y su partido Frente Amplio (FA) presionan para apurar la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que enviaron al Parlamento en mayo de 2013.

A pedido del astorismo (minoría del FA encabezada por el exvicepresidente Danilo Astori) y luego de una gestión del ahora candidato presidencial oficialista Tabaré Vázquez, en julio pasado la bancada de Senadores del FA resolvió postergar la discusión sobre el proyecto de ley, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, para después de las elecciones del 30 de noviembre.

Pesaron en esta decisión motivos de índole electoral; se evaluó que no sería conveniente para la coalición de izquierda enfrascarse en una discusión de esta naturaleza en campaña electoral. Pero no había discrepancias de fondo sobre el texto, al menos a nivel de los máximos dirigentes del FA, publica el portal La Diaria.

El senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista del FA, también dijo recientemente al diario El País que en una reunión de coordinación de las bancadas del Senado y Diputados se incluyó a la ley de medios como uno de los temas a tratar en el mes de diciembre.

Sin embargo, el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou dijo esta semana que le “suena” que hay “una presión por parte de los sectores más radicales” del FA para que se lleve adelante la ley SCA. “Me suena que es eso, pero no lo puedo decir a ciencia cierta”, manifestó, según informó El Espectador. Previamente, el propio Tabaré Vázquez dijo que ganar el balotaje reglamentará la ley de regulación de servicios audiovisuales. “Tenemos que impulsar esa ley”, manifestó.

El uruguayo Edison Lanza, que se desempeña como relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desde el 6 de octubre, y que participó activamente en el proceso de elaboración de la ley SCA uruguaya, dijo a La Diaria que “los uruguayos, pero sobre todo los medios y los periodistas pueden estar tranquilos de que el proyecto de ley de SCA cumple con todos y cada uno de los estándares de libertad de expresión construidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

Recordó que la misma opinión tuvo su antecesora en el cargo, la exrelatora de OEA Catalina Botero, y el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue. “Ambos hicieron varias recomendaciones al proyecto original y por suerte el Parlamento aceptó todas las sugerencias para adaptar el proyecto a los más altos estándares”, señaló.

Voces en contra

El proyecto de ley establece la prohibición de la censura previa y reconoce la libertad editorial. Democratiza el acceso a los medios y otorga transparencia a la concesión de las frecuencias, y establece controles sociales sobre los medios y se fijan plazos para el usufructo de las frecuencias. Se promueve un horario de protección al menor.

La poderosa Sociedad Interamericana de Prensa, que reúne a los propietarios de grandes diarios de América, ha criticado el proyecto de ley considerando que imponía ‘limitaciones’ a la libertad de expresión. La Asociación de Broadcasters Uruguayos (Andebu), que nuclea a propietarios de radios y televisoras, también rechazó la ley señalando que su regulación es producto de los regímenes totalitarios”.

La televisión en Uruguay está sumamente concentrada, se encuentra en manos de tres grupos económicos, dueños de los canales 4, 10 y 12. Entre estos canales acumulan el 85% de la audiencia.

El negocio no es nada despreciable: las ganancias ascienden a $ 195 millones anuales, destaca el diario República.