El expresidente colombiano Álvaro Uribe negó hoy su responsabilidad en las escuchas ilegales practicadas durante su Gobierno (2002-2010), denunció que él también fue interceptado y que ha sido víctima "de una amenaza criminal".

Tras indicar que jamás ordenó persecuciones o interceptaciones a periodistas, políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG), que lo acusan de concierto para delinquir para desacreditar también a la Corte Suprema de Justicia, abuso de poder e interceptación de comunicaciones, señaló que todo ello no es más que una "venganza criminal".

Uribe compareció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes durante casi tres horas, y después respondió por otras dos más a las preguntas de los congresistas, para dar explicaciones sobre la trama de espionaje ilegal.

Allí defendió su "política de seguridad democrática" por la que, según dijo, disminuyeron los crímenes de trabajadores y periodistas, entre otros.

Insistió en que en su Gobierno "fueron 10.000 colombianos" los que recibieron "protección individual directa".

Y en que las órdenes que impartió al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia), dependiente de la Presidencia, siempre fueron en la línea de que los directores del organismo no podía actuar como "policía política".

Al referir las interceptaciones contra él, dijo que éstas "no han sido investigadas y han sido despreciadas" por la justicia.

Una de las escuchas a su teléfono, precisó, fue la revelación de un insulto "con alguna palabra soez" a un excolaborador de su campaña involucrado en una denuncia de corrupción.

Otra fue la publicación de una conversación con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete a quien llamó para indagar sobre denuncias de un paramilitar y que después derivó en una supuesta petición a favor de su primo segundo Mario Uribe, lo que hoy negó el exgobernante.

Uribe subrayó que "jamás", ni él ni sus colaboradores, entre ellos el encarcelado exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, ordenaron interceptar a periodistas, y mantuvo que, por contra, fueron algunos de ellos los que mintieron y le maltrataron.

Citó expresamente a Daniel Coronell, columnista de la revista Semana y actual vicepresidente de noticias de Univisión, y a Hollman Morris, director del programa televisivo Contravía.

"Coronell me hizo cargos muy graves, se los respondí", dijo, al manifestar que este periodista "mintió" cuando señaló que él había ordenado la interceptación de sus comunicaciones.

"Jamás, jamás de los jamases se me ha pasado por la mente ordenar una persecución a un periodista, a una ONG, yo combato con las armas sobre la mesa, con claridad", enfatizó.

Sobre Morris señaló que es el responsable de la denuncia que le han puesto en Washington, donde se le acusa de conocer la vinculación de militares con los asesinos de sindicalistas de la minera estadounidense Drummond, que opera en el departamento colombiano de Cesar.

"Hollman Morris me ha maltratado", aseveró Uribe, al insistir en que precisamente durante su Gobierno se protegió a los sindicalistas y se logró que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sacara a Colombia de la lista negra por violencia contra los trabajadores.

En su larga intervención, Uribe se refirió a sus entonces difíciles relaciones con la Justicia, afirmó que lo que hizo fue "darle apoyo" a ese poder del Estado.

En ese sentido, enumeró una seria de iniciativas judiciales que el propuso y destacó la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico para la desmovilización de unos 35.000 miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de beneficios en el cumplimiento de las penas.

Al tiempo, reiteró su acusación de injerencia indebida por parte del gobernante venezolano, Hugo Chávez, al apoyar económicamente actividades de la ahora excongresista Piedad Córdoba y ratificó que la política opositora recibió fondos de la multinacional Monómeros Colombo-Venezolanos.

Las aportaciones se hicieron públicas por versiones de la prensa colombiana, que en agosto de 2008 aseguraron que esa compañía, con sede en Barranquilla (norte) y del grupo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), había aportado a Córdoba unos 135.000 dólares.

Córdoba, por entonces senadora liberal, admitió entonces que la multinacional dio apoyo económico a la campaña que ella mantenía para la puesta en libertad de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uribe, con discurso estructurado, defendió casi uno a uno a sus excolaboradores, incluidos los que están encarcelados, como el entonces secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, con orden de captura y asilada en Panamá.