Los rohinyás son “la minoría más perseguida del mundo”, según Naciones Unidas. La presión mundial a favor de su causa empieza a arrojar acuerdos mínimos.    

Así, los gobiernos de Myanmar (antigua Birmania) y de Bangladés firmaron ayer un pacto de entendimiento para posibilitar dentro de dos meses el retorno de 620.000 rohinyás que huyeron de la persecución del Ejército birmano en el estado de Rakhine desde la última ola de violencia, que comenzó en agosto.

Tras varios meses de negociaciones y una intensa presión diplomática internacional, la líder birmana, Aung San Suu Kyi, y el ministro bangladesí de Exteriores, A. H. Mahmood Ali, acordaron finalmente este jueves en Naypyidaw, la capital birmana, “el retorno de personas desplazadas del Estado de Rakáin”, la región del oeste birmano donde tienen lugar los enfrentamientos.  

El texto “estipula que el programa de retornos tiene que empezar en dos meses”, indicó el Ministerio de Exteriores de Bangladés. Dentro de tres semanas está previsto poner en marcha un grupo de trabajo sobre las modalidades de repatriación.

Los grupos de derechos expresaron su preocupación sobre el proceso, incluyendo dónde se reubicará a la minoría después de que se arrasaron sus aldeas y cómo se garantizará su seguridad.

Desde finales de agosto, más de 600.000 musulmanes rohinyá huyeron al vecino Bangladés. La cifra de rohinyás refugiados en este país tras esta y otras escaladas de violencia se acerca al millón de personas.

La crisis humanitaria de los rohinyás desató una ola de condenas a nivel internacional y de críticas a Aung San Suu Kyi por su inacción.

Incluso Estados Unidos, que hasta ahora guardó silencio para no fragilizar a la joven democracia birmana, condenó la violencia contra los rohinyás.

“La situación en el norteño estado de Rakhine constituye una limpieza étnica contra los rohinyás”, expresó el secretario de Estado, Rex Tillerson, en un comunicado, quien visitó Myanmar la semana pasada. (I)