12 personas muertas durante un enfrentamiento en Michoacán, el asesinato de un alcalde electo en Guanajuato, el secuestro de 3 médicos y un abogado en Guerrero, y 21 ejecuciones en Nuevo León... Así concluye una violenta semana en México.

Diversas son las explicaciones. Mientras ciudadanos y expertos alertan sobre ‘rebrote’ de asesinatos y secuestros en algunas regiones,  así como el ‘reacomodo’ de cárteles en otras, el gobierno asegura que la inseguridad va a la baja.

“Se ha venido avanzando, se ha venido logrando” disminuir el índice delictivo, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin referirse a ningún caso específico, pero en respuesta implícita a los cuestionamientos que circulan por estos días, dijo que el país ha regresado “a niveles (de inseguridad) de hace más de 10 años”.

Acapulco, en el estado de Guerrero, es considerada desde hace varios años una de las ciudades más violentas del mundo (segundo lugar en 2014, según la organización Seguridad, Paz y Justicia).

Esta semana, un nuevo caso registrado en ese puerto turístico conmociona a la opinión pública: tres médicos y un abogado fueron secuestrados el viernes 19 y siguen en calidad de desaparecidos en medio de una confusión que profundiza el dolor de sus familiares.

Es que el miércoles 24, voceros del gobierno de Guerrero informaron el hallazgo de los cadáveres de Marvin Hernández Ortega, Raymundo Tepeque Cuevas, Osvaldo Ortega Saucedo y Julio César Mejía Salgado, en el kilómetro 42 de la carretera hacia Santa Bárbara. Después sus familiares pasaron varias horas entre exámenes genéticos y gestiones en el Servicio de Medicina Forense, pero resultó que los cuerpos no pertenecían a ellos.

Este jueves, el fiscal General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, admitió que las autoridades confundieron los restos, es decir no pertenecen a las mismas personas. Así, los médicos y el abogado siguen en calidad de desaparecidos mientras tampoco se conoce la identidad de los 4 cadáveres.

Por otra parte, se conoció de un nuevo episodio en el estado de Michoacán, una de las zonas más inestables en materia de seguridad desde el año 2006.

Este jueves, por medio de su cuenta en la red social Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública informó de un enfrentamiento en la localidad de Tumbiscatío, con saldo de 12 muertos y 10 heridos. Horas más tarde, la misma dependencia desmintió los hechos y aseguró que “no se tiene registro de ningún incidente violento”.

Tanto prensa nacional como extranjera difunden versiones sobre el hecho, que presuntamente corresponde a un ataque de un grupo delincuencial en contra de las Fuerzas Rurales, forma legal que dio el Estado mexicano a los llamados grupos de autodefensa, organizaciones de civiles que surgieron en el año 2013 para combatir al crimen organizado y en particular al cártel de Los Caballeros Templarios.  

En Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, 21 personas fueron ejecutadas en diversos hechos violentos durante el fin de semana pasado y algunos de los cuerpos abandonados en la vía pública mientras en Jerécuaro, Guanajuato, un grupo armado asesinó al alcalde electo, Rogelio Sánchez Galán.  

Sánchez Galán, militante del Partido Verde Ecologista de México, afín al oficialismo, salía de una central de autobuses de su propiedad alrededor de las 20:00 cuando le dispararon desde dos camionetas, en un ataque que también costó la vida a otras dos personas. En octubre tomaría posesión del cargo que ya había ocupado en la misma localidad, entre 2009 y 2012, entonces como militante del Partido Acción Nacional.

En lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, otros 7 alcaldes fueron asesinados y el mismo número de candidatos durante la campaña previa a las elecciones del 7 de junio. (I)

DATOS

La impunidad por la violación de los derechos humanos persiste en México con muy bajos índices de enjuiciamientos o rendición de cuentas en todas las modalidades del crimen, asegura el reporte anual 2014 en materia de derechos humanos presentado ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Cámaras empresariales informaron que debido al clima de violencia e inseguridad que impera en el estado mexicano de Guerrero al menos 150.000 empresas han cerrado o traslado sus locales a regiones menos peligrosas. Entre ellas se cuenta a gigantes como Coca-Cola (Femsa) y Volkswagen. Además de gasolineras, minas, joyerías, distribuidoras de autos, restaurantes, farmacias y tiendas de abarrotes.