La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, concluyó su visita de tres días a Venezuela y constató que “la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria”.

La expresidenta de Chile llegó a Venezuela invitada por el gobierno de Nicolás Maduro, a quien la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, consideran un gobernante ilegítimo.

Bachelet se reunió con representantes del gobierno y la oposición, incluidos Nicolás Maduro y Juan Guaidó (a quien Estados Unidos y países de América Latina y la Unión Europea reconocen como presidente interino).

Bachelet relató algunas de las violaciones de los derechos humanos de las que tuvo noticia durante su visita. Citó el testimonio de un hombre que le contó “cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados” de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía.

También mencionó a “otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino”.
La comisionada confirmaba así lo que su oficina había apuntado en informes previos, que los cuerpos policiales venezolanos practican la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Pero la enviada de la ONU también conoció episodios de violencia contra partidarios del gobierno, como el de un “joven que fue quemado vivo en las protestas de 2017 y que agonizó durante 15 días”.

En la visita se reunió, además, con trabajadores de los servicios de salud y llegó a la conclusión de que “la situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica”.

Antes de abandonar el país, la funcionaria hizo un llamamiento a las autoridades a “liberar a todas las personas detenidas o privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de manera pacífica”.

La comisionada fue críticada en el pasado por no pronunciarse contra Maduro y algunos, especialmente en círculos opositores, le reprochaban no denunciar con claridad la situación del país sudamericano en materia de derechos humanos.

Sin embargo, Bachelet condenó los episodios violentos que se registraron el pasado febrero en Venezuela y en sus fronteras con Brasil y Colombia, cuando fuerzas afines al presidente Maduro bloquearon el intento de ingreso de lo que la oposición describió como “ayuda humanitaria” donada por sus aliados internacionales.

La diplomática anunció que el gobierno se comprometió a permitir la presencia permanente de miembros de su oficina en el país y, además, autorizar su acceso a los centros de detención, un habitual foco de violencia y abusos en el país, denuncian diversas ONG.

En julio próximo Bachelet presentará un informe completo sobre la situación en el país, pero en sus declaraciones antes de partir se intuyen cuáles son sus recetas para que Venezuela supere la crisis política y económica.

Sin mencionar a Estados Unidos, dijo que le “preocupa que las sanciones impuestas este año exacerban la crisis económica”.

También llamó a todos los líderes políticos “a participar constructivamente en el diálogo facilitado por Noruega” para acercar posturas y normalizar la vida institucional del país. (I)