No habían transcurrido muchas horas de haberse conocido el comunicado, en el que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidos, Ban Ki-moon, condenaba el doble atentado registrado en la capital de Siria, Damasco, cuando ayer en Alepo un nuevo coche bomba volvió a sacudir al país al dejar   dos muertos y 30 heridos. Una cifra que podría aumentar.

Según los primeros reportes el ataque se dio luego de que un suicida detonara el vehículo frente a la dependencia regional de la seguridad política, ubicada en el distrito residencial de al-Sulaymaniyah, un vecindario cristiano. Cuando  en Damasco tenían lugar las exequias, tanto en templos musulmanes como en iglesias cristianas, de los fallecidos en los dos atentados del sábado, que dejaron 27 muertos y 140 heridos.

Asimismo, agregaron que esos hechos se dieron en las vísperas de que  Kofi Annan, emisario de la ONU y de la Liga Árabe, enviara a expertos al país para negociar una misión de observación destinada a poner fin a un año de  derramamiento de sangre.

Por eso mismo, hoy, los diplomáticos partirán de Ginebra y de Nueva York hacia Siria para cumplir con su cometido. Este mismo día, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jakob Kellenberger, abordará en Rusia, aliada de Damasco, la “situación humanitaria que se agrava en Siria”.

Como ha sucedido con los atentados anteriores, la oposición y el régimen se han acusado mutuamente entre ellos. “El régimen sirio intenta aterrorizar a las grandes regiones, en particular a Damasco y Alepo, donde hubo importantes manifestaciones durante las últimas semanas”, afirmó Samir Nachar, miembro del opositor Consejo Nacional Sirio (CNS).

En Damasco, decenas de sirios se congregaron en el barrio Qasa, donde acusaron a Catar y Arabia Saudita, favorables a armar a los rebeldes, de ser responsables de “la sangre derramada” en el país. La prensa oficial también arremetió contra estos dos países.

El sábado, un diplomático árabe afirmó a la AFP que Riad enviaba, a través de Jordania, material militar para equipar a los desertores del Ejército Sirio Libre (ESL), una información “categóricamente desmentida” por Jordania.

El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos  (OSDH) estima que la violencia ha causado más de 9.000 muertos desde que comenzó hace un año la revolución popular reprimida cruentamente por el régimen, que la atribuye a “bandas terroristas armadas”.

La ONU también debía participar en una misión de evaluación de las necesidades humanitarias en Siria bajo la supervisión del gobierno.