Muchos consideran que el presidente interino de Brasil, Michel Temer, tiene un polémico guardián. El flamante ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, es un político de línea dura muy criticado por reprimir movimientos sociales cuando comandó la secretaría de seguridad de Sao Paulo.

Abogado de 48 años, secretario de seguridad paulista entre diciembre de 2014 y mayo de 2016, De Moraes aterrizó el jueves en el Ejecutivo de la mano de Temer tras la suspensión de la mandataria izquierdista Dilma Rousseff por el Senado.

"El pit-bull de Temer", así lo llamó el prestigioso diario económico Valor en un perfil de este profesor de derecho constitucional que "debe ser la estrella de la constelación de derecha que comenzará a gobernar el país".

Según De Moraes, Temer es su amigo desde hace más de 20 años.

Gracias a la reorganización ministerial que impulsa el presidente interino, el ministerio de Justicia asumirá a partir de ahora las carteras de Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos.

Al frente del ministerio De Moraes tendrá a su cargo la policía federal, que tiene un rol clave en la Operación Lava Jato que investiga la corrupción en Petrobras.

Su nombramiento a la cabeza de Justicia ha levantado intensas opiniones en Brasil, con varias columnas y notas de prensa que recuerdan su paso por la secretaría paulista, mientras en las redes sociales llueven comentarios llamándolo "autoritario" y hasta "Robocop".

Como secretario de seguridad del gobernador Geraldo Alckmin fue el jefe de la policía militar de Sao Paulo, un cuerpo muy cuestionado por organismos de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional entre otros, por la letalidad de sus acciones.

Según el reconocido Foro Brasileño de Seguridad Pública, la policía del estado paulista es por lejos la que más mata en sus operaciones contra el crimen en comparación con sus pares de otros estados brasileños.

Al frente de una policía cuestionada 

Pero ademas, activistas de derechos humanos y expertos denuncian que dentro de la institución existen grupos de exterminio formados por policías en retiro o en días de descanso que matan impunemente, sobre todo en las periferias pobres, que actúan en venganza por la muerte de colegas oficiales.

De Moraes ha negado que existan estos grupos, aunque sí ha reconocido que se investiga la participación de policías en estas matanzas.

En agosto del año pasado 18 hombres fueron asesinados a sangre fría en un lapso de pocas horas en el municipio de Osasco, en la región metropolitana de Sao Paulo. La mayoría de las hipótesis contemplaba la participación de policías en los crímenes.

Al ser interrogado durante una rueda de prensa sobre la gravedad de que la policía fuera la principal sospechosa en la matanza, el entonces responsable dio respuestas muy vagas.

Calvo, de mirada dura, De Moraes también ha sido criticado por la acción de la policía en la severa represión de los estudiantes recientemente movilizados en Sao Paulo por un escándalo sobre las raciones de alimentación en las escuelas públicas.

La policía también reprimió violentamente varias protestas del Movimiento Pase Libre que critica el alza de las tarifas de transporte en el último año.

El sitio G1 de Globo recuerda que bajo la gestión de De Moraes la policía militar paulista utilizó por primera vez blindados israelíes para controlar protestas callejeras.

El trato a esos movimientos contrastó fuertemente -y así fue destacado tanto en la prensa como en redes sociales- con la benevolencia con que la policía actuó frente a los opositores a Rousseff que también ocuparon una importante avenida de Sao Paulo durante días.

El ahora ministro de Justicia exhibe como logro de su gestión en Sao Paulo haber disminuido las cifras de criminalidad en el estado en 2015, pero un reportaje del diario Folha de Sao Paulo cuestionó esta caída consultando expertos que señalan que se trata de una maniobra estadística.

Como abogado, antes de asumir como secretario, su estudio defendió al ahora suspendido presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha en un caso sobre uso de documento falso, recordaron varios medios de prensa brasileños.

La prensa también destaca que el estudio supuestamente tuvo como cliente a una cooperativa de transportes que fue investigada por lavar dinero del Primer Comando de la Capital (PCC), una banda criminal que opera desde las cárceles paulistas. (I)