Dos jóvenes murieron en violentos disturbios durante un paro general convocado por la oposición venezolana para exigir al presidente Nicolás Maduro que frene la elección de su Asamblea Constituyente y abandone el poder.

Los fallecidos, de 24 y 23 años, participaban en manifestaciones en Los Teques, en las afueras de Caracas, y en Valencia (norte), precisó la Fiscalía, sin identificar a los responsables.

La víctima de los Teques falleció por herida de bala, según el Ministerio Público, que reportó una decena de heridas en esos incidentes.

Con estas muertes suman 99 fallecidos en casi cuatro meses de protestas, que escalaron con el paro de 24 horas de este jueves, durante el que hubo choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que bloquean calles.

Según la ONG Foro Penal, al menos 173 personas fueron detenidas en todo el país, principalmente en Caracas y en los estados Zulia y Nueva Esparta.

Un diplomático venezolano ante Naciones Unidas, Isaías Medina, renunció este jueves denunciando que el gobierno viola los derechos humanos. El gobierno sostiene que lo relevó por una actuación "deshonesta".

Con calles desoladas y bloqueadas con barricadas de escombros, ramas y basura, comercios cerrados y autobuses fuera de circulación, Venezuela estaba a media marcha desde las 06:00 locales.

Animada por 7,6 millones de votos del plebiscito simbólico que realizó el domingo pasado contra la iniciativa de Maduro, la oposición convocó la huelga a diez días de la elección de 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna.

"Hemos vuelto a triunfar" 

En el centro capitalino y barrios con fuerte presencia de chavistas, como Catia (oeste), pocos acogieron el llamado opositor.

"Hemos vuelto a triunfar. Lo único que puede parar este país somos los chavistas", apuntó Maduro, al asegurar que sectores clave de la economía están "al 100%" y amenazar con cárcel a líderes de la huelga.

En Los Ruices, este de Caracas, manifestantes se enfrentaron con piedras a trabajadores de la televisora estatal VTV y quemaron una caseta policial, en lo que el mandatario denunció como un "intento de asalto" al canal.

Maduro sostiene que la Constituyente "va ahora más que nunca", luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con sanciones económicas y varios gobiernos le pidieran desistir del proyecto.

"Es un paro absurdo. Los opositores quieren que venga Estados Unidos a apoderarse del país", contó a la AFP María Francis, de 53 años, empleada del Metro de Caracas.

Petrolera en marcha 

El paro es apoyado por los gremios empresariales, algunos sindicatos, estudiantes y transportistas. Pero el gobierno controla la estatal petrolera PDVSA -que aporta 96% de los ingresos del país- y el sector público, con tres millones de empleados.

"Aquí está PDVSA, rodilla en tierra (comprometida), con nuestra Constituyente", declaró su presidente, Eulogio del Pino.

El opositor Henrique Capriles aseguró que "el gobierno quiere tapar el sol con un dedo, pero hoy parece 1 de enero en gran parte del país".

"Es un pulso entre un empresariado y una población famélica y pauperizada contra un gobierno también quebrado, pero que controla los pocos recursos" del país, opinó el analista Luis Vicente León.

Marcela Máspero, coordinadora de la Unión de Trabajadores de Venezuela -una de las principales centrales obreras-, sostuvo que muchos empleados "están sometidos a presiones".

"Si no trabajo, me botan (despiden)", reconoció a la AFP Carolina, de 39 años, trabajadora de una institución estatal.

El dirigente sindical Froilán Barrios aseguró que estos días son decisivos para hacer que Maduro retire la Constituyente.

Colapso o salvación 

Los empresarios, a quienes el presidente acusa de una "guerra económica" para derrocarlo, aseguran que la Constituyente empeorará la crisis.

Venezuela perdió el 70% de sus empresas en la última década, y las que quedan funcionan al 30%, según la patronal Fedecámaras.

"La Constituyente no es más que una manera de disfrazar la transformación de Venezuela a un Estado comunista", aseguró el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal.

Si la tensión persiste, el PIB se contraería 9% en 2017 frente a una previsión original de -4,3%, precisó a la AFP Asdrúbal Oliveros, de la consultora Ecoanalítica.

Maduro sostiene que la Constituyente recuperará la economía, dará rango constitucional a los programas sociales, al control de precios contra la inflación -que según el FMI será de 720% en 2017-, y la distribución de alimentos subsidiados frente a la grave escasez.

La oposición rechazó participar en la Constituyente, argumentando que no fue convocada con un referendo previo y que su sistema de elección es un "fraude" con el que el chavismo busca perpetuarse en el poder. (I)