Cataluña recobra paulatinamente la calma casi un mes después de la intervención del gobierno español, con los partidos preparando las decisivas elecciones de diciembre en las que el independentismo planea un cambio de estrategia.

En octubre, España vivió la mayor crisis política de las últimas décadas: el gobierno catalán organizó el día 1 un referéndum de autodeterminación prohibido y el 27 el parlamento regional, dominado por los independentistas, declaró la secesión.

El gobierno español de Mariano Rajoy respondió inmediatamente tomando el control de la administración regional y destituyendo en bloque al ejecutivo independentista de Carles Puigdemont.

"Han sido días muy difíciles, de honda preocupación para todos; días de zozobra y de inquietud, pero también días que, felizmente, empiezan a quedar atrás", afirmaba el jueves Rajoy.

Puigdemont y los suyos optaron por no ofrecer resistencia. Él y otros cuatro miembros del destituido gobierno catalán se marcharon a Bruselas donde ahora están pendientes de una orden de extradición. Los que se quedaron en España fueron encarcelados preventivamente por presunta sedición y rebelión.

Si bien los independentistas mantienen sus protestas --el 7 de diciembre preparan una gran marcha a Bruselas-- y lucen en sus solapas numerosos lazos amarillos pidiendo la libertad de los líderes encarcelados a quienes consideran presos políticos, la tensión decae en esta región mediterránea.

La administración regional funciona sin sobresaltos bajo las órdenes de Madrid, las movilizaciones se redujeron en número y cantidad de asistentes.

La fuga de las sedes sociales de empresas a otras partes de España, que sobrepasa las 2.700 desde el 1 de octubre, empieza a estabilizarse.

"Las cosas funcionan exactamente igual que hace dos meses: la vida en la calle, el comercio, el trabajo... La experiencia ciudadana es que no ha cambiado nada", asegura Joan Botella, catedrático de ciencia política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

"El mayor impacto que ha tenido" la intervención del gobierno español "es la convocatoria de las elecciones" del 21 de diciembre, añade.

- Cambio de estrategia -
Estos comicios, impuestos por Rajoy y aceptados de mala gana por los independentistas, centran ahora la atención de los partidos.

Las encuestas pronostican un resultado muy similar al de las últimas elecciones de septiembre de 2015, cuando los independentistas consiguieron una mayoría absoluta de escaños pero se quedaron por debajo del 50% de votos.

Segun un sondeo publicado el domingo por el diario El País, los dos bloques --secesionista y constitucionalista-- estarían de hecho casi igualados.

"La cuestión clave no es cuántos electores están a favor de la independencia, porque esto es más o menos estable, sino qué estrategias adoptarán los actores políticos", dice Botella.

Los dos grandes partidos independentistas, el PDeCAT conservador de Puigdemont y el progresista ERC del cesado vicepresidente Oriol Junqueras (uno de los líderes en prisión), se presentan por separado.

Y la vía de ruptura unilateral adoptada hasta ahora parece dejarse de lado, con numerosos líderes independentistas reconociendo carecer de capacidad para separarse de España por las bravas.

"Quiero hablar y debo hablar con el presidente del gobierno (Marinao Rajoy) y hay que hablar bilateralmente", dijo Puigdemont a la radio alemana Deutschlandfunk.

Pero no sin ambigüedad consideró el sábado que los catalanes ya demostraron al mundo tener "capacidad y voluntad" de convertirse "en un Estado independiente".

"Y el día 21 lo tenemos que ratificar", declaró Puigdemont.

Durante dos años los separatistas aseguraron disponer de un plan para conseguir la independencia unilateralmente pero, a la hora de la verdad, no se puso en marcha.

Ningún país los apoyó, y los órganos prometidos para ejercer su soberanía como una agencia tributaria no prosperaron, algo que ahora presentan como una decisión propia, para evitar violencias.

"Hemos estado instalados durante dos años en un gran engaño", critica la número dos del partido socialista catalán, Eva Granados.

"Han puesto el país en un espejismo y cuando este ha desaparecido, hemos perdido 2.700 empresas, hemos generado inestabilidad política y una incertidumbre económica que costará mucho reparar", añade.

Su partido, que se postula como alternativa de gobierno, apuesta por reanudar el diálogo tras los comicios y acometer una reforma constitucional para convertir España en un Estado federal.

Esta opción, que muchos expertos ven como solución a la larga crisis catalana, requeriría de un largo proceso y del apoyo del partido de Rajoy que, por el momento, no se mostró muy entusiasta.

Aun así, el miércoles, en una cena de empresarios en Barcelona, el líder conservador se mostró dispuesto a hablar con todas las fuerzas políticas catalanas tras las elecciones siempre que respeten la ley.

La principal fuerza de oposición a los separatistas, el partido Ciudadanos (centroderecha), hace campaña por su parte "para una nueva etapa de reconciliación y de unión en Cataluña", que podría implicar también a los socialistas, y promete, al igual que el Partido Popular de Rajoy, volver a darle a Cataluña su grandeza atacada, según esta formación, por la visión estrecha de los separatistas. (I)