Al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no le tembló el pulso a la hora de concluir el auto contra los 28 líderes independentistas investigados. Trece de ellos fueron acusados formalmente de rebelión contra el Estado, un delito que en España se castiga con durísimas penas que oscilan entre los 15 y 25 años de cárcel.

Otros cinco serán procesados por malversación de dinero público y desobediencia, mientras que los siete restantes están inculpados por desobediencia.

Sólo tres de los inicialmente imputados se libraron de entrar en la macrocausa contra el independentismo catalán. El más destacado es el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, cuyo caso fue definitivamente archivado. El juez también fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberán abonar los 13 principales procesados, entre ellos Carles Puigdemont.

Como se esperaba, la dureza del auto ha desatado un gigantesco terremoto político en España. Una de las principales encausadas, la secretaria general de Esquerra Republicana (ERC) Marta Rovira, huyó la pasada madrugada a Suiza. Se trata de la séptima dirigente independentista que opta por la vía del exilio tras Puigdemont, cuatro exconsellers y la diputada de la CUP, Anna Gabriel.

En una carta de despedida enviada a sus compañeros de partido, Rovira justifica su decisión porque es “la única forma que tengo de levantarme en contra del Gobierno del PP, que castiga a cualquiera que intente cambiar lo prestablecido y lo establecido”, apunta en la misiva. Ahora está a la espera de conocer si también dictan una orden de detención nacional e internacional contra ella.

No fueron los últimos sobresaltos de la jornada. Mientras el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pedía a los independentistas que admitan que el procés “ha muerto”, el máximo responsable del Parlament, Roger Torrent, confirmaba la celebración de otro pleno de investidura para hoy en el que el candidato volverá a ser Jordi Turull, uno de los principales encausados.

Un galimatías de difícil comprensión, toda vez que la Fiscalía ya ha pedido su inmediato encarcelamiento. Una medida que también extendió a los otros cuatro dirigentes que ayer declararon en el Supremo.

Pero si se celebra el pleno, Turull tendría más posibilidades de ser investido president de Cataluña que en la la fallida sesión celebrada el jueves. Sólo es necesario que Carles Puigdemont y Antoni Comín, dos de los diputados que huyeron a Bélgica, renuncien a sus actas parlamentarias, algo que de momento están negociando. De no lograrlo, Cataluña se encamina irremediablemente hacia unas nuevas elecciones en junio. (I)