A pesar de que el Gobierno venezolano trató de bajar el tono sobre la expedición del Decreto 1787, que crea 4 Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular o Zodimain en la frontera con Colombia, en Bogotá persiste el malestar por esta decisión.

El Gobierno colombiano se mostró sorprendido por la decisión de Caracas de emitir un decreto y establecer unilateralmente un mapa de límites en una zona marítima que se encuentra en disputa entre los 2 países desde 1830, y que por mutuo acuerdo se ha tratado dentro de los cauces diplomáticos.

Ayer, el Gobierno venezolano, a través de un comunicado, propuso una Comisión Binacional de Alto Nivel para conversar sobre los temas de interés bilateral y afirmó que está en “disposición para abordar debidamente” las delimitaciones pendientes con Colombia.

Afirmó que no entiende la actitud del Gobierno colombiano y el tono de las declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, quien pidió corregir el Decreto 1787. “Se escandalizan y exageran los chantajes y mentiras mediáticas en sustitución de válidos canales diplomáticos y de diálogo debido entre países de buena vecindad”, afirma el Gobierno del vecino país en un comunicado.

Venezuela aclara que “ha cumplido, cumple y cumplirá” con todos los tratados internacionales suscritos y será fiel a su tradición de respeto absoluto del Derecho Internacional.

Así mismo, arremetió contra supuestas “campañas antivenezolanas” que buscan usar este tema para enemistar a ambos países. “Suscriben y promueven factores oligárquicos locales para fomentar la enemistad y promover la confrontación entre dos países hermanos”.

La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, resaltó que el diálogo entre Colombia y Venezuela es importante para la relación bilateral, pero consideró que la propuesta de la Cancillería venezolana, de crear una Comisión Binacional de Alto Nivel, no responde a la nota de protesta presentada por su despacho, que reclama claridad sobre el tema limítrofe.

Holguín hizo la declaración en La Habana, Cuba, donde participa en la mesa de negociación de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La diplomática señaló que la Cancillería colombiana sigue a la espera de la respuesta y la rectificación del Decreto 1787, expedido el 26 de mayo por el gobierno de Nicolás Maduro. “Reiteramos que estamos esperando la respuesta a la nota de protesta donde quisiéramos que fuera una respuesta pronta, en donde queden claras las coordenadas que se han utilizado para dicho decreto”, puntualizó la canciller.

Añadió que tienen “la disposición de que las comisiones negociadoras que se han nombrado desde 1990, para tratar este tema de los límites entre Colombia y Venezuela, retomen su trabajo”.

En ese sentido Holguín recordó que desde 2007 no hay reunión y a Colombia le parece fundamental que las partes puedan volver a sentarse a dialogar en este tema.

Por su parte, el internacionalista de la Universidad Javeriana, Juan Ramón Martínez, explicó que “el decreto plantea la creación de una zona militar, que implica la presencia activa de Fuerzas Armadas, y eso complica mucho más la situación”. “Lo que busca Venezuela es la legitimación de su actuación a través de un acto jurídico unilateral. Eso no solo afecta los intereses de Colombia sino los de otros Estados, como Guyana, cuya afectación es mucho más relevante que la que se plantea para Colombia”, añadió.

Las delimitaciones marítimas establecidas en la Zodimain Occidental comprenden aguas del Golfo de Venezuela o Golfo de Coquibacoa, en el área de la Guajira, una zona por la cual Venezuela y Colombia enfrentan hace años un diferendo por límites marítimos.

En el Decreto 1787, el Estado venezolano “reconoce la existencia de áreas marítimas pendientes por delimitar” y que a su juicio “requieren ser atendidas por el Estado venezolano hasta tanto se logre una demarcación definitiva de manera amistosa”.

Los antecedentes del diferendo con Venezuela se remontan a 1830, con la separación de la Capitanía General de Venezuela de la Gran Colombia, y al laudo español de 1891 y el suizo de 1916. Muchos argumentos históricos, jurídicos y económicos han impedido un acuerdo final sobre los límites en el Golfo de Venezuela, en una zona estratégica por la salida al mar Caribe y por sus recursos energéticos.

La línea de prolongación de la frontera fue rechazada por Colombia desde 1969. Analistas aclaran que establecer la línea de manera unilateral no tiene validez desde el punto de vista del derecho internacional, ya que debería acordarse a través de un tratado entre ambos países. (I)