En Brasil los grandes medios de comunicación les siguen llamando ‘presidentes militares’ a los dictadores que gobernaron entre 1964 y 1985. Todos los jerarcas, los acusados de torturar a más de 8.000 personas y asesinar a por lo menos 1.000 y sus colaboradores, están libres, sin culpa ni cargos, gracias a la Ley de Amnistía que rige desde 1979.

En los umbrales del aniversario 50 del golpe de Estado que el 31 de marzo derribó al presidente constitucional Joao Goulart, la ultraderecha brasileña convocó a una "Marcha en Defensa de la Fe, la Familia y la Patria", para intentar incluir a Brasil, en las próximas semanas, en la galería global de imágenes de protestas similares a las recientes de Ucrania y Venezuela.

La marcha de la familia, el 19 de marzo de 1964, respaldada por los grandes medios de comunicación, las élites urbanas y las clases medias conservadores, con epicentro en la mayor ciudad del país, Sao Paulo, fue el empujón civil que necesitaban los militares para derrocar al presidente constitucional Joao Goulart, quien había marcado una agenda de izquierdas y puesto en marcha nada menos que la reforma agraria.

Así como otros grupos opositores al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff convocaron por Facebook a las llamadas ‘Jornadas de Junio’ de 2013, en las cuales millones salieron a las calles para reclamar mejores servicios públicos y pronunciarse contra la organización del Mundial 2014, el nuevo grupo ultraderechista que reivindica el golpe militar reúne adeptos o ilusos en las redes sociales y convoca para el sábado 22 en 200 ciudades.

"La Marcha de la Familia fue magnificada, sirvió como excusa a los militares para alentar sobre el fantasma comunista que se venía a Brasil y derrocar al presidente Jango Goulart", comentó a El Telégrafo Rose Nogueira, titular del grupo Tortura Nunca Más de Sao Paulo, quien compartió el presidio Tiradentes en Sao Paulo, como presa política, con la actual mandataria, Dilma Rousseff, a inicios de los años 70.

La semana pasada, el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcao, recordó que los grandes medios respaldaron el golpe militar y le dieron apoyo discursivo en sus ediciones. Globo, entre los cinco grupos mediáticos más grandes del mundo y que domina el negocio de la televisión comercial, el año pasado consideró esa posición un error y ensayó una autocrítica en las páginas del diario O Globo.

Los 50 años del golpe que derrocó a Goulart (quien falleció en el exilio argentino en 1976, con sospechas de haber sido enveneado por la Operación Cóndor de cooperación entre las dictaduras) reavivaron nuevos fantasmas en Brasil, único país del cono sur de América donde la justicia no pudo sentar a los criminales del terrorismo de Estado como acusados.

Entre los que reivindican la marcha que dio lugar al golpe de Estado se encuentra Bruno Toscana, de 41 años, quien formó varios colectivos, muchos de ellos acusados de nazis, para sumar contrarios a los gobiernos de Rousseff y de su antecesor y jefe político, Luiz Lula da Silva. También Cristina Peviani, famosa por sus videos de extrema derecha en los cuales sostiene que el comunismo está gobernando a Brasil y que los torturados gozan de buena salud.

Ellos proponen reeditar la marcha que instaló la dictadura en 200 ciudades. "Ningún general murió millonario, había educación de calidad, respeto y orden. Los que dicen que fueron torturados hoy gozan de buena salud, no tienen marcas siquiera. Eso fue una guerra, del bien contra el mal, los dos mataron y tengo listas de soldados muertos por los comunistas", dijo Peviani al diario Folha de Sao Paulo.

Para los organizadores, el mensaje estará vinculado a la ‘ética’ y a la lucha contra la corrupción. Según los medios locales, para contrarrestar esta marcha de derechas, grupos comunistas y anarquistas prepararon manifestaciones ‘antifascistas’ según varios perfiles en las redes sociales.

Los sectores que reivindican el golpe no son apenas civiles. También lo hacen los clubes de militares retirados y hasta el 31 de marzo de 2011 la fecha del golpe era celebrada en el calendario oficial del Ejército y en las policías militarizadas de los estados más representativos, como Sao Paulo.

La presidenta Dilma Rousseff espera para fin de año el informe final de la Comisión de la Verdad, instalada por ella para investigar por primera vez los crímenes de la dictadura. Desde los organismos de derechos humanos esperan que este informe pueda ser un aventón para que se incluya en la agenda política del país la derogación de la Ley de Amnistía, una norma que fue ratificada en 2010 por la máxima corte del país.