Madrid.-

Poco más de una hora. Es lo que tardó el Tribunal Constitucional español (TC) en admitir a trámite, por unanimidad, los dos recursos del Gobierno contra la ley de consultas sobre la independencia de Cataluña y el decreto de convocatoria del 9 de noviembre (9N).

La decisión del tribunal supone la suspensión automática de ambas disposiciones durante cinco meses. Una vez transcurrido ese plazo, el Tribunal deberá ratificar la suspensión cautelar o levantarla.

El TC justificó la rapidez con que tomó la decisión señalando que “es consciente de la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana”.

Previamente y tras la presentación de los recursos el presidente español, Mariano Rajoy, atacó duramente el proceso de secesión iniciado en Cataluña. “Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una comunidad”, dijo Rajoy, advirtiendo que “nada ni nadie” puede romper el principio de soberanía nacional del Estado español, protegido por la Constitución.

Rajoy sentenció que la consulta no se va a celebrar. “Lo peor es que (Mas) lo sabía desde el principio”.

El presidente catalán, Artur Mas, por su parte, resaltó la “velocidad supersónica” con la que el Tribunal se reunió a estudiarlos, en el mismo día. “No han esperado ni un día; eso no había pasado nunca”, señaló.

Respecto a las afirmaciones de Rajoy de que la consulta va en contra de la ley, Mas negó que ésta pueda ser ilegal porque su propósito es “antes de actuar, escuchar”, y eso no puede ser ilegal en democracia.

Antes de conocer el fallo del TC,  Mas también insistió en que el proceso continuará al margen del veredicto judicial. “El proceso no acaba con una resolución del Tribunal Constitucional”, que probablemente anulará la consulta, señaló Mas. “Convocar la consulta no es declarar la independencia, es saber qué opinan los catalanes”, añadió recordando que el resultado del escrutinio no es vinculante jurídicamente.

El Gobierno catalán puso en marcha el domingo la logística de la consulta, cuya campaña oficial no empezará hasta el 2 de noviembre. El proceso costará unos 8,9 millones de euros (unos $ 11 millones) y  -según sondeos- cuenta con el respaldo de solo el 23% de 5,4 millones de residentes mayores de 16 años están llamados a votar.