El golpe contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, como denunció el gobierno ante la comisión de juicio político, no parece un camino de rosas para la oposición que busca gobernar con el vicepresidente Michel Temer. Otra alternativa para ellos es llamar a elecciones anticipadas en octubre próximo.

El clima político brasileño levanta presión cada día. Se han terminado los alegatos en la comisión de juicio político y empieza la lucha por los votos. Pero para las ambiciones del vicepresidente Temer, que pasó a la oposición, las cosas no serán tan fáciles. “Si quiere gobernar, que se presente y gane las elecciones”, lo desafió el martes en la noche el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en un acto con el sindicato de metalúrgicos.

Horas después, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Marco Aurelio Mello, ordenó a la Cámara de Diputados que abra los trámites para un juicio político contra el vicepresidente similar al que enfrenta Rousseff. El pedido de un juicio político contra Temer fue presentado por el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Pero el denunciante apeló al Supremo y tuvo el apoyo del magistrado Mello.

La contradicción quedó evidente: por los mismos supuestos delitos de maniobras fiscales en el presupuesto Cunha autorizó el juicio político contra Rousseff en diciembre. Ahora los negó para Temer y fue reprendido por la máxima corte. “El juicio a Dilma es nulo porque se hizo como venganza, porque Cunha no fue defendido de sus acusaciones de corrupción por el Partido de los Trabajadores (PT) en el Congreso”, denunció el abogado general del gobierno, Eduardo Cardozo, en su alegato final contra el proceso iniciado a la mandataria.

Sin Rousseff ni Temer, Cunha, procesado por corrupción e investigado por supuestos sobornos recibidos en el caso Petrobras en cuentas en Suiza, es el primero en la sucesión presidencial. “Brasil en manos de un chantajista”, alertó Cardozo en la sesión de la comisión de juicio político.

El autor del pedido de juicio político, Mariel Márley Marra, sostuvo en su denuncia que el vicepresidente habría incurrido en el mismo “delito de responsabilidad” que Rousseff al firmar decretos que facilitaron unas maniobras contables dentro del presupuesto.

Cunha, no obstante, quien pertenece al Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), liderado por Temer, se negó a aceptar las acusaciones contra su jefe partidario. El juez del Supremo explicó que su sentencia “no emite juicios en relación a la conducta del vicepresidente de la República”, pero consideró que Cunha, al rechazar una demanda y aceptar otra, “no atendió la debida formalidad legal”.

El PMDB resolvió el 29 de marzo pasado abandonar la coalición oficialista pero Temer se mantiene en el cargo. Espera que la oposición lleve a votación el juicio político, lo que probablemente ocurrirá el domingo 17 de abril, y cuente con 342 votos para destituir a la mandataria. Pese a estas maniobras 6 ministros del PMDB se declararon leales a Rousseff y se mantienen en los cargos.

Por otra parte, el ala del PMDB más dialoguista, que controla el Senado, sugirió una nueva elección presidencial en octubre, junto con las municipales. Para ello propusieron la renuncia de Rousseff en un gran acuerdo nacional. El senador Valdir Raupp propuso a Temer que se efectúen elecciones anticipadas.

Rousseff reaccionó rápidamente y, con ironía en diálogo con los periodistas, dijo: “Solo entrego mi mandato sí también lo hacen todos los senadores y todos los diputados”. Insistió en que no hay delito de responsabilidad en los decretos que autorizó movimientos de créditos en el presupuesto para pagar los planes sociales a la población más pobre. “Es el más puro golpe”.

Los aliados de Cunha que dominan la comisión de juicio político terminarían hoy el informe sobre la acusación a Rousseff. Si cumplen lo agendado enviarán el próximo lunes el informe al plenario para que se vote entre el viernes 15 y domingo 17.

La oposición necesita 342 votos (dos tercios) para procesar a Rousseff y elevar el juicio político al Senado, donde una votación de mayoría simple decidirá si acepta o no el caso. Si ocurre lo primero, Rousseff tomará una licencia de 180 días. Irá al Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, hasta que el Senado vote su destitución, siempre con dos terceras partes.

“Cunha quiere que se vote un domingo, que es el día de las manifestaciones opositoras”, dijo un portavoz de la Cámara de Diputados consultado por EL TELÉGRAFO. En ese sentido, alertó Lula da Silva -quien mañana asumiría como jefe de ministro en caso de que lo autorice la máxima corte- que los sindicatos y movimientos de izquierda “deben ganar las calles” el día de la votación sin caer en las “trampas de odio” de los “golpistas”.

En tanto, el martes por la noche, el abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo, expuso vehementemente su posición frente al juicio político al denunciarlo claramente como un “golpe de Estado mediante la ruptura constitucional”.

La defensa de Rousseff pidió la anulación del juicio político porque no hay delito para ser juzgado. Para ellos se trata de un golpe de Estado hecho mediante la ruptura institucional y que el proceso fue instalado como una “venganza” por parte de Cunha, quien es investigado por tener cuentas secretas en Suiza y ahora fue salpicado por los “papales de Panamá”. (I)