El tribunal español encargado de juzgar a la infanta Cristina desestimó este viernes la petición de su defensa y de la fiscalía reclamando el archivo de la causa por fraude fiscal contra la hermana del rey Felipe VI.

En una decision publicada este viernes, el tribunal de Palma de Mallorca (islas Baleares) rechazó los argumentos de la defensa, la fiscalía y la abogada del Estado, que reclamaron el sobreseimiento de la infanta en la apertura del proceso contra ella y otros 17 acusados, entre ellos su marido Iñaki Urdangarin, el 11 de enero.

Los 3 defendían que no tenía sentido proseguir la causa basándose únicamente en la versión de la acusación popular -la asociación ultraderechista Manos Limpias-, pues la fiscalía y la abogacía del Estado, representante de los intereses de la Hacienda pública, no actuaban contra ella.

Pero el tribunal dio la razón a la acusación popular y al juez instructor que dictaminó la apertura de juicio oral contra Cristina de Borbón argumentando el fraude fiscal no únicamente perjudica a la administración pública, sino también al conjunto de ciudadanos.

No pagar los impuestos correspondientes "provoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignación equitativa de los recursos públicos", señala el tribunal en su sentencia.

Por lo tanto, "no existe un único, concreto y determinado perjudicado encarnado por la Hacienda pública", por lo que la acusación popular estaría justificada, añade.

Una vez resuelta esta cuestión preliminar, el juicio debe proseguir a partir del 9 de febrero.

La infanta, de 50 años y con cuatro hijos fruto de su matrimonio con Urdangarin, es el primer miembro de la familia real española en sentarse en un banquillo.

Segunda hija del rey emérito Juan Carlos I y Sofía, Cristina es sospechosa de haber escondido a Hacienda los beneficios procedentes de la malversación de 6 millones de euros públicos presuntamente cometida a través de una fundación de su esposo, para quien reclaman 19 años y medio de prisión.

Cristina, expuesta a una pena de 8 años, sostuvo en todo momento desconocer los negocios de Urdangarin y su asociado al frente del instituto Nóos, que facturó contratos millonarios con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia. (I)