El Tribunal de Justicia de Cataluña anunció este viernes la admisión de una querella contra el presidente regional, Carles Puigdemont, y su gabinete, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, por convocar un referéndum de autodeterminación ya declarado ilegal por la justicia española.

La corte indicó en un comunicado que "ha estudiado esta tarde" la querella y "ha acordado su admisión".

El recurso fue presentado este mismo viernes por la fiscalía catalana, para la que "la convocatoria del referéndum no es solamente ilegal sino delictiva, al consumar una flagrante violación del mandato del Tribunal Constitucional".

Entre las medidas cautelares solicitadas en la querella figuraban exigir una fianza o embargar bienes a los querellados para asegurar las "responsabilidades pecuniarias", advertir a medios que no acepten propaganda del referéndum o pedir a todas las policías, incluida la catalana, que intervengan el material destinado a la consulta.

Pero el tribunal se limitó a anunciar sin más detalles la admisión a trámite, señalando que "los términos de los acuerdos alcanzados" serán publicados en los próximos días.

Esta querella se enmarca en las acciones legales emprendidas por el gobierno español contra el referendo, que el gobierno independentista de Cataluña está decidido a realizar el 1 de octubre.

El Tribunal Constitucional, que desde 2014 ha dictado autos considerando ilegal un referéndum de esa naturaleza, suspendió la noche del jueves la consulta, al admitir a trámite recursos presentados por el ejecutivo de Mariano Rajoy, que alega que el futuro de una región española debe ser decidido por el conjunto de los españoles.

Según la querella, Puigdemont y las doce personas que integran su gobierno "se han negado abiertamente a dar el debido cumplimiento" a las resoluciones "del máximo intérprete de la Constitución" y han utilizado "arbitrariamente las potestades" de su cargo para convocar el referéndum, por lo que habrían incurrido en desobediencia y prevaricación.

Asimismo, "no pueden desconocer que su decisión de convocar el referéndum de autodeterminación conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos", por lo que cometerían malversación, un delito que podría conllevar prisión.

El Tribunal de Cataluña admitió otra querella de la fiscalía, contra la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, y otros directivos del legislativo por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, por haber tramitado la ley para convocar el referéndum. (I)