El Consejo Nacional de Seguridad turco, encabezado por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, extendió el estado de emergencia decretado después del golpe de Estado del 15 de julio, sin especificar por cuánto tiempo planean imponer el régimen de excepción.

Tras la reunión celebrada en el palacio presidencial de Erdogan en Ankara, el organismo envió un comunicado en el que detalló que “se tomó la decisión de recomendar que se extienda el estado de emergencia para poder seguir asegurando la protección de nuestra democracia, el respeto de la ley, los derechos y las libertades de nuestros ciudadanos de una forma eficiente”.

Erdogan decretó el estado de emergencia el pasado 20 de julio, por lo que la situación de excepción se extendía hasta mediados de octubre.  
Esta situación le ha permitido al Gobierno un marco legal para efectuar una purga sin precedentes, en la que han sido detenidas 32.000 personas, según los datos difundidos por el Ministerio de Justicia.

Turquía lanzó una gigantesca purga al día siguiente de la intentona golpista para eliminar de las instituciones a los seguidores de Fethullah Gülen, una redada que afectó a las universidades, escuelas, Ejército, Policía, la magistratura y los organismos deportivos.

El ministro Bekir Bozdag declaró a la televisión NTV que “desde el 15 de julio se han abierto investigaciones sobre unas 70.000 personas y alrededor de 32.000 ya han sido detenidas” sin descartar más arrestos y precisó que “algunas personas recluidas podrían ser liberadas bajo control judicial y otras quedar totalmente libres” sin que se retengan cargos en contra de ellas.

El Consejo de Seguridad de Turquía está compuesto por el presidente de este país, el primer ministro, los ministros de Defensa, Interior y Exteriores y los cinco máximos cargos militares. El artículo 121 de la Constitución en Turquía señala que la decisión formal debe ser tomada por el Parlamento y la prórroga no puede exceder cuatro meses, si bien puede repetirse indefinidamente.

Bajo el estado de emergencia, el Gobierno tiene potestad de emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios. Ya que la mayoría del Parlamento es afín al gobernante AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) se prevé que la recomendación sea refrendada. (I)