Un polvorín a punto de estallar. Así parece ser la situación, de tensión, entre los latifundistas y los indígenas de la etnia guaraní kaiowá en Mato Grosso do Sul, estado del centro oeste de Brasil, cerca de la frontera con Paraguay.

Los indígenas esperan desde 1988 tierras adjudicadas en la Constitución y exhiben una situación de crisis humanitaria, con casos de suicidio y de alcoholismo y drogadicción entre sus jóvenes.

Empujados por las grandes corporaciones multinacionales y locales que producen caña de azúcar para alcohol combustible (etanol) y para la soja de exportación, los indígenas y los productores rurales están a pocos centímetros de iniciar un conflicto civil por el control de las tierras originarias, unos 42.000 kilómetros cuadrados.

“La falta de acción de los poderes públicos deja a los guaraní kaiowá más cerca de tomar acciones directas para ocupar sus tierras”, dijo a EL TELÉGRAFO Cleber Buzzato, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), el brazo de la Iglesia católica que es uno de los órganos que más vela por los intereses indígenas en Brasil.

En los últimos 10 años, 299 indígenas guaraní-kaiowá fueron asesinados. Apenas el homicidio del cacique Nisio Gomes, de 59 años, tuvo condena judicial. El resto, impune. Gomes fue ejecutado a tiros en su aldea, Tekoha Guaiviry, municipio de Amambaí, en Mato Grosso do Sul. El ataque fue perpetrado por 40 pistoleros encapuchados. Ejecutaron al cacique delante de sus hijos y de la comunidad.

El grito del pueblo guaraní kaiowá está a flor de piel.  Los guaraní kaiowá son el segundo pueblo originario más populoso de Brasil, con 50.000 personas. El foco es una franja que va desde la ciudad de Dourados hasta Ponta Porá, frontera con el norte de Paraguay.

Esta semana, dos dirigentes de los guaraní kaiowá lanzaron en París, Francia, un “pedido de socorro” para su pueblo durante su participación en la Cumbre de las Conciencias, uno de los eventos preparatorios para la Cumbre del Cambio Climático de fin de año.

El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff envió a finales de junio a la región del conflicto efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad, el cuerpo de élite de la  Policía del país que cuenta con un sistema de acción rápida. El objetivo era persuadir, junto con el Ministerio Público, el diálogo entre los hacendados y los indígenas.

Según el CIMI, el gobierno de Rousseff es el que menos ha entregado “demarcaciones”, tierras consideradas ancestrales para los indígenas desde la redemocratización del país. Pero las causas, según Buzzato, también están en el Poder Judicial que no actúa rápidamente para dirimir conflictos y en el llamado bloque ruralista, el influyente lobby del agro negocio que domina el Congreso de Brasil, el mayor productor mundial de etanol y el segundo de soja.

La ocupación por parte de los hacendados de las tierras en disputa ha presionado a los guaraní kaiowá en los últimos años hacia la periferia de Dourados. “En lugar de ser un área favorable a la forma de vivir indígena, aumenta la tensión social. Se transforman en favelas, con situaciones de alcoholismo, drogadicción y suicidios. Muchos  trabajan en el corte de la caña de azúcar para tener un sustento. El gobierno los apoya dándoles una canasta básica de alimentos”, contó el dirigente.

El conflicto está basado en la producción de commodities. Según el dirigente del CIMI, es difícil identificar a las empresas multinacionales que se valen de la producción local, pero fue detectado que una subsidiaria de la multinacional Bunge ha vendido azúcar de las tierras en conflicto a la Coca Cola.

Del lado ruralista, acusan a los indígenas de que las ocupaciones del campo son violentas, incluso usan revólveres. “No se trata de una pelea de etnias, estamos defendiendo nuestro derecho a la propiedad. Necesitamos que haya control para frenar las invasiones”, afirmó el productor rural Murilo Oliveira, quien participó en una reunión de diálogo con los indígenas.

En 2010 el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregó  tierras ancestrales en Mato Grosso do Sul al pueblo indígena Terena, pero la decisión motivó el descontento del agronegocio y aún duerme en los cajones de la máxima corte del país, el Supremo Tribunal Federal.

Al final de junio, grupos de indígenas ocuparon haciendas y luego de unas horas fueron reprimidos por parapoliciales que actúan, al estilo Ku Klux Klan de Estados Unidos, quemando aldeas, plantaciones y disparando contra los indígenas.

Valdelice Veron,  portavoz guaraní kaiowá que viajó por primera vez a París, advirtió que el pueblo guaraní está dispuesto a derramar sangre para defenderse de lo que llamó “ecocidio” que  sufren a manos de “hombres gananciosos”. Ella sabe en carne propia lo que es el conflicto. En 2003, su padre, el cacique de caciques, fue asesinado luego de haber sido sometido a torturas por parte de sicarios. (I)