El furor desatado en España por las decisiones judiciales adoptadas contra el Govern cesado de Cataluña no sólo se extiende a otros países europeos, sino que ha puesto la maquinaria diplomática española a pleno rendimiento. El motivo principal es el rechazo de la fiscalía belga a cumplir la orden de entrega tramitada por la justicia española contra Carles Puigdemont y cuatro de sus consejeros que desde hace una semana se encuentran en Bruselas.

Lejos de ejecutarla, la abogacía del Estado de Bélgica decidió el domingo poner en libertad vigilada al ex presidente y sus ministros mientras anunciaba que ahora depende de las instancias judiciales de su país examinar con detalle la petición de transferencia a España.

Algo, que según transcurren las horas y a la vista de los recursos presentados por su defensa sobre la “falta de garantías” que rodean a este caso, podría dilatarse entre dos y tres meses. De momento, tanto Puigdemont como sus cuatro consejeros han sido citados por la justicia belga el próximo viernes día 17 con el fin de examinar su entrega a España donde están acusados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Pese a que el gobierno español decidió ayer bajar el grado de beligerancia retórica adoptado por algunas figuras políticas europeas, como el viceprimer ministro y ministro de Interior de Bélgica, Jan Jambon, las dudas vertidas sobre el funcionamiento del sistema judicial español han caído como un jarro de agua fría en el ejecutivo de Mariano Rajoy.

Puigdemont es considerado un “prófugo” y las palabras de Jambon poniendo en duda la separación de poderes en un socio europeo son percibidas como una ofensa. En vista de que la euroorden tramitada para detener al ex presidente de Cataluña no ha tenido los efectos deseados, y conscientes de la negativa de los pesos pesados de la UE a presionar a Bélgica, el gobierno español parece haber optado por un lenguaje menos beligerante para salir del laberinto.

En este sentido, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría fue ayer muy explícita al asegurar que su ejecutivo respeta las decisiones de la justicia belga y que Bélgica es “un país tan democrático” como el español. Sus palabras contrastan con las pronunciadas el domingo por la vertiente más aguerrida del Partido Popular, la que representa el vicepresidente del grupo en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que acusó Jan Jambon de pertenecer a un partido con “acreditado historial xenófobo”, en referencia a la formación flamenca N-VA, y “por tanto sería deseable que no diese lecciones a una democracia como la española”.

Sin embargo, también la ex ministra de ecología de Francia y candidata del Partido Socialista en la presidencia en 2007, Ségolène Royal criticó ayer con extrema dureza en una entrevista televisada “la persecución que está sufriendo el Govern”.

En su sorpresiva respuesta, Royal, afirmó que “todo el mundo puede observar con sorpresa las figuras políticas encarceladas en el corazón de Europa por haber dirigido una lucha ideológica”. Según la ex ministra gala y destacada representante del socialismo francés, esta situación refleja “una Europa disfuncional cuando las instituciones tendrían que estar actuando como mediadoras”. Sin embargo, también aseguró no estar a favor de la independencia de Cataluña porque considera que “podría conducir hacia otras reivindicaciones a nivel europeo” aunque insistió en que “no es aceptable encarcelar a estas personas”.

Mientras tanto, a menos de 50 días para las elecciones convocadas en Cataluña, todos los partidos políticos comienzan a esbozar su estrategia para una campaña que será dura y tensa. Sobre el deseo manifestado por Puigdemont de presentarse de nuevo como candidato a presidir el Govern, el ministro de Hacienda y hombre fuerte de Rajoy, Cristóbal Montoro, indicó ayer que sería visto como una incorrección del sistema. “Correcto no es que quien ha tenido la autoridad máxima en un proceso, no solo ilegal sino que va en contra de la recuperación económica y la creación de empleo, lo haga desde el extranjero en vez de estar aquí defendiendo sus ideas”, señaló.

Pero, por el momento, la ley no impide presentarse a esos trascendentales comicios a ninguno de los 14 miembros del ejecutivo catalán acusados de rebelión. (I)