Las patronales brasileñas se frotan las manos con el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff abierto por la Cámara de Diputados. El objetivo final es, con el vicepresidente Michel Temer en el poder ejecutivo, hacer el esperado ajuste luego de 13 años de gobierno y darle un golpe mortal a las leyes laborales puestas en vigor por Getulio Vargas en los años cuarenta.

Sectores industriales, de servicios y del poderoso agronegocio respaldaron el juicio político que abre la posibilidad de que asuma el vicepresidente Temer, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), quien prepara un gabinete de corte neoliberal en lo económico, con el objetivo de agradar al mercado financiero.

“El mercado espera un cambio para que se pueda retomar la confianza y con eso volver a generar empleo e inversión”, dijo el presidente de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, afiliado al PMDB de Temer y financista de la campaña en las calles y en la prensa a favor del juicio político de la presidenta Dilma Rousseff.

La Fiesp es la mayor central patronal de América Latina y comenzó a obstruir el gobierno de Roussef luego de que en 2014 ella retiró los incentivos y subsidios que durante 5 años le dio el gobierno para enfrentar las turbulencias generadas por la crisis mundial surgida en 2008 en el sistema hipotecario de Estados Unidos.

Temer, quien apuesta a que el Senado va a destituir a Rousseff el próximo mes, promueve al financista Arminio Fraga, dueño de un fondo de inversión, como su ministro de Economía. Este fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e iba ser ministro en caso de que venciera en 2014 el opositor Aecio Neves.

La liberalización de la economía, para competir con la vecina Argentina, que ha marcado un rumbo en ese sentido, fue reclamado por la Confederación Nacional Agropecuaria (CNA), la principal patronal del campo brasileño, el único sector que avanzó en 2015 en la economía de Brasil. La CNA está enfrentada con el Movimiento Sin Tierra, uno de los puntales del Partido de los Trabajadores, que promete movilizarse contra el ‘golpe de Estado parlamentario’.

“Estamos convencidos de haber contribuido para el resultado positivo del juicio político”, dice en un comunicado la entidad, que reclama cambios en el control ambiental contra la deforestación, en la reforma agraria y en la legislación laboral.

“Los ministerios de Justicia, de Trabajo y de Medio Ambiente impiden el desarrollo del país con intereses ideológicos retrógrados”, dice la entidad.

La Fiesp y la CNA prometieron seguir con la campaña a favor del juicio político en el Senado, que debe juzgar a la presidenta, que cayó derrotada en la Cámara de Diputados por 367 votos a favor del impeachment.

La caída del precio de las materias primas que provocó una sangría en la recaudación brasileña, para Rousseff, fue uno de los motivos que llevó al gobierno a eliminar subsidios a las empresas y a lanzar la idea de un impuesto a las transacciones financieras.

“Lo que se necesita es cortar gastos del gobierno, hacer una reforma del sistema jubilatorio, del sistema de leyes de trabajo”, dijo el presidente del sindicato patronal de construcción civil, José Romeu Ferraz Neto.

En el centro del debate sobre la intentona de Temer de tomar el poder y las riendas del país, Rousseff afirmó la semana pasada que los planes sociales implementados por el PT desde 2003 están en riesgo. “Los mantendré”, respondió Temer por Twitter.

El gobierno buscaba una estrategia el día después de la derrota para enfrentar al Senado, adonde en las próximas horas el presidente de la Cámara de Diputados,

Eduardo Cunha, deberá acudir para entregar el proceso contra Rousseff por supuesto delito de la ley fiscal, un motivo por el cual el gobierno luchará para determinar que la acusación es ‘un fraude’ para una ‘ruptura internacional’.

“El gobierno que asuma si Dilma es separada del cargo no tendrá legitimidad ni tendrá tranquilidad porque será producto de una farsa”, advirtió el abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo, uno de los principales consejeros de la presidenta.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia abrió una investigación y ordenó a la Policía Federal que determine si empresas pusieron a disposición de diputados opositores sus jets privados para viajar a Brasilia el fin de semana y votar contra Rousseff. (I)