El Senado brasileño aprobó ayer en forma definitiva, por 53 votos frente a 16, un inédito plan de corte neoliberal: congeló por 20 años el gasto público, incluido educación y salud, en un proyecto que puede marcar el paso por la presidencia de Michel Temer.

Rechazada por 6 de cada 10 brasileños, la enmienda constitucional 55 del techo del gasto público, aprobada bajo el argumento de luchar contra un aumento anual del 6% del déficit fiscal, es el salvavidas que buscaba Temer para mantenerse en el poder.

Todo esto se dio en el marco de la delación premiada de un ejecutivo de la constructora Odebrecht, que acusó a Temer de pedir sobornos por $ 3 millones, lo cual agravó la crisis y el choque entre los poderes de Brasil. “Concluyan la investigación Lava Jato, así sabremos todo de una vez, no queremos filtraciones”, dijo Temer a los fiscales.

Pero en el ámbito nacional, la enmienda constitucional fue rechazada en las calles de ocho ciudades, incluidas Sao Paulo y Brasilia, porque se considera como la degradación del sistema público de servicios básicos, ya que el presupuesto apenas será actualizado con la inflación del año anterior. “Si crece el Producto Interno Bruto (PIB) o la recaudación, ese dinero no irá para mejorar los servicios educativos y sanitarios”, denunció la relatoría de derechos humanos de la ONU.

La oposición fracasó en sus intentos de frenar la votación tanto en el Senado como mediante una demanda de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Suprema y que ni siquiera fue aceptada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los 11 miembros del tribunal.

En 2027, el Presidente de esta época podrá revisar la medida, que también condenó al congelamiento al salario mínimo (ahora de 880 reales, unos $ 275), que dejará de ser superior a la inflación, como lo fue durante los 13 años de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

La mayor parte del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) de Temer y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso, que dominan la coalición oficialista, también trabaron una propuesta del Partido de los Trabajadores y el resto de la izquierda opositora.

El presidente del Senado, Renán Calheiros, promulgará mañana la reforma constitucional.

“Aprobamos el texto, ganamos, eso es lo importante”, dijo el líder del bloque del gobierno en el Senado, Romero Jucá, denunciado por recibir de forma ilegal $ 7 millones de la empresa Odebrecht.

“Están condenando a la mayoría de la población a congelar las inversiones a los servicios que usan los pobres, pero no habrá techo para pagar los intereses de la deuda pública”, afirmó la senadora Fátima Bezerra, del PT.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, procesado en tres causas por supuesta corrupción y favorito en las encuestas para nuevas elecciones, dijo que la reforma, “se remonta a la época de la esclavitud”.
Pero a raíz de que algunos analistas consideran que el gobierno de Temer se derrite, varios aliados clave cambian de posición.

El gobernador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, presidenciable del PSDB y acusado de recibir dinero ilegal de Odebrecht para campañas, criticó la enmienda: “El presupuesto de salud no va a cerrar porque estará actualizado por la inflación y es un sector dolarizado. Hay que cortar de otro lado”.

Alckmin se sumó al disenso dentro del oficialismo centroderechista  que estampó el senador Rolando Caiado, que pidió un “gesto mayor” al mandatario para pedir elecciones anticipadas. (I)

DATOS

La enmienda constitucional requería una doble aprobación, con mayorías cualificadas de tres quintos, tanto en la Cámara de Diputados (de 513 miembros) como en el Senado (de 81). El último paso se dio ayer, por 53 votos a favor y 16 en contra.

Así el gobierno de Michel Temer logró la aprobación de un techo anual al presupuesto que el Estado asigna a áreas como la salud, la educación y la seguridad social para los próximos 20 años.

La enmienda es apenas la primera del plan de ajustes de Temer. La siguiente -la reforma del sistema de jubilaciones- pretende establecer una edad mínima uniforme de 65 años para el retiro de hombres y mujeres y un periodo de contribuciones de 49 años para gozar del 100% del beneficio.

La reforma solo podrá ser revisada dentro de diez años, y los ajustes serán posibles una vez por cada mandato presidencial.

El salario mínimo no podría sufrir modificaciones en los próximos 20 años, manteniendo el valor actual de los 880 reales ($ 275) mensuales. (I)