El plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil admitió por unanimidad una denuncia presentada contra el apartado presidente de la Cámara de diputados Eduardo Cunha, quien deberá así responder a una nueva acción penal.

Cunha fue acusado en marzo último por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, de los presuntos delitos de soborno, lavado de dinero, evasión de impuestos y falsificación con fines electorales.

El Tribunal entendió que existen los indicios suficientes de materialidad y autoría en la pieza acusatoria para que el exlíder parlamentario responda a una acción penal, indicó el sitio web de la Corte.

Señaló además que, según el requerimiento, el parlamentario del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) se habría beneficiado indebidamente de la compra de un campo petrolífero en Benin por parte de la estatal Petrobras, manteniendo los recursos obtenidos de forma ilegal ocultos en cuentas bancarias en Suiza.

Al comparecer este miércoles ante el STF, Janot aseguró que no existen dudas de que Cunha es el titular de las cuentas no declaradas, las cuales manejaba utilizando como contraseña el nombre de su madre.

Son incontestables también, dijo, los documentos que comprueban la utilización de tarjetas de crédito para pagar compras realizadas por el acusado y sus familiares en el exterior, en "valores absolutamente incompatibles" con sus ganancias lícitas declaradas.

Por su parte, la abogada defensora del apartado presidente de la Cámara baja, Fernanda Lara Tórtima, alegó no haber tenido acceso a todo el contenido de la delación premiada de Pedro Barusco, a partir de la cual se sustenta la denuncia, lo cual estimó ofende el principio del contradictorio y de la amplia defensa.

En su criterio, no existen en la acusación indicios sólidos de que Cunha solicitara ventajas indebidas en la negociación, mientras por el contrario existe una "contradicción interna insuperable" cuando señala a su defendido como real propietario de los valores de esas cuentas en el exterior.

Cunha, quien responde ya a una acción penal ante la Corte Suprema acusado de recibir cinco millones de dólares de "propina" por un contrato de navíos-sonda realizado por Petrobras, fue apartado a comienzos de mayo último por el STF de sus funciones como diputado y de la condición de presidente de la Cámara baja.

El 14 de junio pasado, el Consejo de Etica de esa Casa se pronunció por la casación definitiva de su mandato, en un proceso político-disciplinario seguido por ese colegiado por mentir a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la petrolera estatal, a la cual ocultó la tenencia de cuentas bancarias en el exterior. (I)