El saldo mortal del incendio en el hogar estatal Virgen de la Asunción en Guatemala ascendió este domingo a 40, tras la muerte de otra de las niñas que quedó encerrada bajo llave presuntamente para evitar su fuga.

Personal de comunicación del hospital Roosevelt informó que la menor de edad pereció en los primeros minutos del domingo, también como resultado de las quemaduras de cuarto y tercer grados recibidas durante la tragedia del 8 de marzo en la institución de San José Pinula, localidad al sureste de la capital.

De las 22 ingresadas en ese nosocomio, 10 murieron y todavía dos están debatiéndose entre la vida y la muerte, con ventilación artificial, mientras otras cuatro estables siguen estables, cinco recibieron el alta, y una está entre cinco trasladadas para su recuperación a Estados Unidos.

El hospital San Juan de Dios recibió a siete víctimas del siniestro, una de las cuales murió poco después.

De manera general, precisó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en ambos centros asistenciales son 10 niñas las que continúan en estado crítico y otras cinco están en cuidados intermedios.

En tanto, cientos de guatemaltecos protestaron este sábado frente a Casa Presidencial y el Palacio Nacional de Cultura, ubicados ambos en el centro histórico de la capital.

Las personas que protestaban culparon al gobierno del presidente Jimmy Morales de negligencia para evitar la tragedia.

Algunos manifestantes llevaban banderas guatemaltecas azul y blanco con manchas de pintura roja, como muestra de indignación por la muerte de las adolescentes, mientras que otros portaban estas insignias de color negro en señal de luto.

El albergue, bajo el resguardo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, tenía capacidad para 400 jóvenes de ambos sexos, pero unos 800 menores estaban hacinados en el lugar.

Este centro se había puesto en el ojo del huracán por un largo historial de abusos sexuales y otros tipos de maltratos.

El titular de esa entidad, Carlos Rodas, renunció al cargo y un juzgado ordenó una prohibición que le impide salir del país, a solicitud del Ministerio Público (Fiscalía), que inició una investigación sobre la tragedia.

Las víctimas comenzaron a ser enterradas el viernes, aunque el Instituto de Ciencias Forenses todavía no ha entregado todos los cadáveres porque varios deberán ser identificados con pruebas de ADN. (I)