“América Latina corre el riesgo de ser tomada por una nueva onda neoliberal”, dijo en México la destituida presidenta brasileña Dilma Rousseff.

Hablaba sobre el gran embate estructural que programa el gobierno que le dio el “golpe parlamentario”, el de su exvicepresidente, Michel Temer, quien enfrentará el viernes su primer paro general ante las reformas jubilatoria y laboral, reclamadas como clave por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la “recuperación” de la mayor economía latinoamericana.

Las nueve centrales sindicales de Brasil, incluida la única oficialista, preparan para el viernes la primera huelga general desde 1996 a la cual se adhirieron en asambleas realizadas el lunes sindicatos de trabajadores de autobuses, trenes, metro, docentes, metalúrgicos, carteros y aeronavegantes.

“No es la reforma laboral, es la destrucción de la normativa laboral. Nos quieren volver al tiempo anterior a la presidencia de Getulio Vargas. Estamos frente a un gobierno ilegítimo, que llegó al poder financiado por el poder económico para que realice estas reformas que nunca ganarían una elección si fueran puestas a escrutinio popular”, dijo a EL TELÉGRAFO el secretario general de la Central Única de Trabajadores, Sergio Nobre.

La reforma laboral busca alterar el marco jurídico inaugurado en 1943 durante el gobierno de Getulio Vargas y ampliada por ejemplo en 1964, cuando Joao Goulart, derrocado por los militares, estableció el aguinaldo o decimotercer salario.

Esta huelga es la respuesta a la iniciativa de Temer y sus aliados que comenzó el martes en la Cámara de Diputados, con el tratamiento en comisión de la reforma laboral que elimina, por ejemplo, la negociación colectiva de sindicatos con empresas y busca que se haga entre patrones y empleados directamente.

También se establece el trabajo por tiempo determinado, algo que levantó la alerta entre los trabajadores aeroportuarios, que alertaron que pueden perder su estabilidad ya que podrán dejar de cobrar su salario en la temporada baja de vuelos y turismo.

Pero también Fuerza Sindical, del diputado Paulo Pereira, un aliado de Temer, adhiere “apenas para buscar una señal de negociación” frente a los proyectos de reformas jubilatoria y laboral.

La comisión especial de reforma laboral inició ayer, martes, la lectura del parecer del diputado instructor de la materia, Rogerio Marinho, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso, un aliado de Temer.

La reforma jubilatoria “no puede ser más negociada”, dijo Temer el domingo al reunirse con senadores y diputados de la base oficialista, luego de los retrocesos que aceptó el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, que alerta que el sistema colapsará en la próxima década sin una modificación en las pensiones. Según cálculos del principal banco privado, Itaú, adonde pertenecía antes de asumir el jefe del Banco Central, Ilan Goldfjan, el gobierno espera ahorrar $ 135.000 millones hasta 2025 con esta nueva versión de la reforma jubilatoria.

Tras las protestas del pasado 7 de abril, que paralizaron las grandes ciudades y la presión popular hacia los senadores y diputados, el proyecto inicial obligatorio de aportar por 49 años para cobrar la jubilación integral se redujo a 40 años.

También bajó de 65 a 62 años de edad la exigencia de aportes para las mujeres. El régimen actual exige 30 años de aportes para las mujeres y 35 a los hombres.

El proyecto de Temer es visto por el FMI como “imperativo” para salir de la peor recesión de la historia, luego de que la economía cayera 3,8% en 2015 y 3,6% en 2016. “Es imperativo emprender una reforma de gran alcance de la seguridad social para restablecer la sustentabilidad fiscal y garantizar que el sistema pueda sustentar a las próximas generaciones”, dijo Alejandro Werner, director del Departamento Hemisferio Occidental del FMI.

Las reformas de Temer fueron respaldadas durante su visita a Brasil, que culminó ayer, por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien le dijo al gobernante sudamericano que tendrá resultados “en el mediano plazo” en base a la experiencia española de reducir el gasto social.  

La campaña de los sindicatos opositores al gobierno de Temer incluye ‘escraches’ en aeropuertos contra los legisladores que apoyen las reformas, con el objetivo de que no puedan reelegirse.

Otro punto tomado como importante por los analistas es que por primera vez plegaron los sindicatos de docentes de colegios privados, donde los padres de los alumnos, miembros de la elite económica, han comenzado a quejarse.

“Si el gobierno necesita hacer las reformas, consideramos que es necesaria una elección presidencial para que cualquier decisión de este tamaño tenga legitimidad.

Este gobierno no tiene legitimidad para esto, nadie votó esta agenda”, dijo la directora del sindicato docente de Sao Paulo, Silvia Celeste Bárbara. (I)