Contratado por el Gobierno de Noruega, el español Enrique Santiago es asesor jurídico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el proceso de paz colombiano que se negocia en La Habana.

Además, fue uno de los seis expertos que redactaron el acuerdo de Justicia Transicional del 23 de septiembre que dio aire a unas negociaciones que pretenden terminar con un conflicto que ha derramado sangre y esparcido odios por la región durante seis décadas.

En diálogo con EL TELÉGRAFO, Santiago afirma que se trabaja en un acuerdo que garantice la reparación de los daños causados a las víctimas del conflicto. Además, vaticina que el expresidente Álvaro Uribe se sumará tarde o temprano a favor del proceso de paz, aunque ahora mantiene una oposición férrea.  

¿Hay riesgo de impunidad en Colombia?

Sí. La Corte Penal Internacional (CPI) tiene sobre la mesa informes bien documentados sobre la impunidad en la que siguen viviendo muchos paramilitares.

¿Cómo se aplica justicia tras un conflicto tan duro y antiguo como el colombiano?

Con reparación y restauración de los daños. La cuestión es cómo se interpreta esto. Para los ricos, hacer justicia es encarcelar a los asesinos, algo que para los pobres no tiene mucho valor sino va acompañado de una reparación de los daños causados y no le devuelven las propiedades que le arrebataron. Este es el modelo en el que estamos trabajando en el proceso de paz de Colombia.

¿Negocian cambios políticos?

En absoluto. No hay que confundir las cosas. Aquí no se negocia eso. Quien quiera promover un cambio político o aspire a transformar la sociedad deberá hacerlo mediante la confrontación política cuando todo esto concluya.

Una de las críticas al proceso de paz es que el Gobierno está cediendo a demandas de las FARC

Es falso. Solo hace falta leer el acuerdo de reforma agraria alcanzado para verificar que es menos avanzado que el programa que propuso el Partido Liberal en 1940. Es tan básico como que se limita a garantizar la propiedad privada de la tierra para todos. También para los pobres, claro. Lo normal en cualquier país democrático y de derecho.

Entonces, ¿por qué hay recelo?

Porque la propiedad de la tierra es un gran negocio en Colombia. Las grandes fortunas terratenientes y ganaderas se conformaron con la guerra, el paramilitarismo y el desplazamiento forzado de campesinos. Estos tres factores han sido los elementos articuladores de Colombia desde que logró su independencia.

¿Cómo valoran la actitud del Gobierno para llegar a acuerdos?

Su deseo de alcanzar la paz es indiscutible pero tiene el problema de que su delegación no es homogénea ni monolítica. Sus miembros mantienen diferentes puntos de vista sobre algunas cuestiones importantes y así es difícil avanzar.

¿Por ejemplo?

La tierra. Aquí no están representados todos los poderes reales del Estado colombiano. Falta la oligarquía rural, un actor clave del conflicto, que ha quedado fuera de la mesa negociadora.

Pero están los militares, los partidos políticos y el empresariado industrial. Con Álvaro Uribe hubiera sido imposible.

No lo creo.

¿Cree que Uribe habría actuado como Juan Manuel Santos?

Sí. Y ahora terminará sumándose al proceso porque le conviene que se firme un acuerdo. Y también porque nadie que aspire a ser un líder de opinión puede autoexcluirse de un proceso de paz imparable. Es cuestión de tiempo.

Las FARC deberán encarar crímenes ominosos, algunos de lesa humanidad.

Puede haber cometido crímenes de guerra pero no de lesa humanidad. Para que se contemple este supuesto debe haber existido una persecución sistemática contra colectivos de la sociedad civil y, salvo que lo demuestren, las FARC no pusieron en práctica esa estrategia.

¿Y el secuestro de niños?

Discrepo de esa versión. Ninguna guerrilla del mundo sería capaz de enfrentarse a un ejército tan poderoso como el colombiano si el 50% de sus combatientes fuera menor de 15 años, que es lo que figura en los informes del Gobierno. Es imposible. La presencia de adolescentes en los campamentos de los FARC es muy limitada y responde a situaciones particulares.

¿Simón Trinidad, condenado a 60 años de prisión en EE.UU., continúa siendo una figura imprescindible para las FARC?

Es miembro plenipotenciario del proceso y todos los que participamos en las negociaciones sabemos que las FARC no estamparán su firma si Simón Trinidad no está sentado en la mesa.

Eso no está en manos del Gobierno de Colombia.

Depende de la voluntad política de EE.UU. pero los dictámenes jurídicos indican que no tiene por qué haber problemas para su puesta en libertad en el marco de finalización de un conflicto armado como el colombiano.

Ecuador ha sido uno de los países que más ha sufrido los efectos del conflicto, absorbiendo a miles de refugiados y extremando la vigilancia de las fronteras. ¿Son las FARC conscientes de su responsabilidad en este daño?

Sí. No solo con Ecuador. La guerra también es foco de tensión entre Colombia y Venezuela. Tenemos un acuerdo para el retorno de exiliados, llamado ‘Programa de retorno acompañado’, que será estimulado por el Gobierno bajo la supervisión de organizaciones internacionales con garantías de acceso a unas condiciones de vivienda digna, al empleo, la sanidad y la educación de los menores. Estos programas solo entrarán en funcionamiento cuando se firme el acuerdo final.

¿Qué papel ha jugado la presión regional para iniciar las conversaciones?

La región exigía solución al conflicto en Colombia hace años. Hablamos de la estabilidad de varios países. Sin la firmeza y la responsabilidad del Gobierno de Ecuador habría sido difícil abrir este proceso.

¿Qué puntos conflictivos quedan por abordar?

Sin duda alguna la denominada “garantía de la no repetición”, es decir, el desmantelamiento de los grupos paramilitares. El problema es que el Gobierno aceptó incluirlo en la agenda y después se retractó al afirmar que en Colombia lo que hay son bandas criminales. No ocurrirá lo mismo que sucedió con la Unión Patriótica. Respecto a la desmovilización y reincorporación a la vida civil de los guerrilleros de las FARC también hay notables diferencias. El Gobierno plantea la idea de reagruparlos en una misma zona del país. Las FARC piden el retorno a sus comunidades de origen, casi todas campesinas, lo que dificultaría el control de los desmovilizados que desea imponer el Gobierno. (I)