El gobierno independentista de la región de Cataluña denunció este martes amenazas desde Madrid contra el patrimonio de sus dirigentes, que se preparan para convocar esta semana un referéndum de autodeterminación en octubre, prohibido por la justicia española.

El presidente regional catalán, Carles Puigdemont, explicó que su predecesor, Artur Mas, y otros diez miembros de su Ejecutivo fueron citados el 25 de septiembre por el Tribunal de Cuentas de Madrid para abonar una fianza de 5,2 millones de euros por haber organizado una consulta simbólica sobre la independencia en 2014.

"El Estado español ha decidido incrementar las amenazas (...) justamente en el inicio de una semana que es decisiva e histórica en la que aprobaremos la ley del referéndum y firmaremos el decreto de convocatoria", aseguró Puigdemont en una rueda de prensa convocada de urgencia en Barcelona.

La AFP intentó contactar el Tribunal de Cuentas pero no obtuvo respuesta.

El expresidente regional Artur Mas (2010-2016) y tres antiguos miembros de su gobierno fueron condenados e inhabilitados para ejercer cargos públicos por haber impulsado, el 9 de noviembre de 2014, una consulta sobre la independencia de Cataluña sin valor jurídico que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

En ella participaron 2,3 millones de personas, un 80% de las cuales a favor de la independencia, aunque la participación se situó en torno al 35%.

El Tribunal de Cuentas abrió una investigación contra ellos para determinar si deben reembolsar el dinero público destinado a esa votación, 5,2 millones de euros, y la extendió a otros siete altos cargos de su gobierno, informó Puigdemont.

Ahora los independentistas redoblan su desafío al Gobierno español, totalmente contrario al derecho de autodeterminación de esta rica región nororiental, anunciando un referéndum de autodeterminación que ha sido prohibido taxativamente por el Tribunal Constitucional.

Si lo ganan, además, prometen declarar la independencia.

El miércoles, el parlamento regional, con mayoría de independentistas, debería aprobar la ley que regule este referéndum, que será convocado a continuación por el Gobierno catalán.

El Ejecutivo español del conservador Mariano Rajoy ha repetido por activa y por pasiva que esta votación no tendrá lugar, aunque esconde sus cartas para impedirlo.

La maniobra del Tribunal de Cuentas se interpreta desde el separatismo como una estrategia para infundir "miedo" en sus filas antes del choque con Madrid.

"No hay alternativa a votar. Por más miedo que quieran inculcar, no lo tendremos. Por muchas trabas que pongan en estos 25 días que faltan para el referéndum, no lo pararán", afirmó Puigdemont. (I)