El Senado uruguayo debatía este martes un proyecto que convertirá al país en el primero en legalizar la producción y venta de marihuana, experimento que busca enfrentar el narcotráfico en la región qué más sufre la lucha contra las drogas.

"La guerra contra las drogas ha fracasado", aseguró al presentar el proyecto el senador Roberto Conde, de la coalición gobernante de izquierda Frente Amplio, con mayoría parlamentaria que le asegura la aprobación del polémico texto.

El plan uruguayo, que va más allá que las flamantes legislaciones de los estados estadounidenses Washington y Colorado o de países como Holanda o España, es una "respuesta ineludible" a este fracaso, consideró.

El legislador aseguró que entre otros aspectos el proyecto busca solucionar la "grotesca incongruencia jurídica" que implica que si bien el consumo de drogas no está penado en Uruguay, hasta ahora sí lo está su producción y comercialización.

La iniciativa, que habilitará la producción, distribución y venta de cannabis, el autocultivo y los clubes de consumidores, todo bajo control estatal, ha sido promovida por el presidente José Mujica, un exguerrillero de 78 años quien no ha dudado en calificarla como un experimento, el cual dijo que si no funciona está dispuesto a dar marcha atrás.

"Existe mucha duda y la duda es legítima, pero la duda no nos puede paralizar para ensayar nuevos caminos ante un problema que nos tiene agarrados", dijo Mujica este martes al canal 4 de televisión local, llamando a tener "audacia".

"No estamos totalmente preparados", admitió. "Pero es como todo, te tienen que dar la oportunidad".

Según el texto en debate, los consumidores mayores de 18 años podrán acceder a la droga mediante el autocultivo -con un límite de seis plantas por persona-, clubes de membresía o comprándola en farmacias, con un tope de 40 gramos mensuales. En todos los casos deberán registrarse ante el Estado.

El gobierno -que lanzó la semana pasada una campaña con la consigna "Todo consumo de drogas tiene riesgos"- asegura además que se trata de una política sanitaria de reducción de daños.

"Esta realidad ya está instalada en el país. La marihuana es la droga ilegal de mayor consumo, fundamentalmente entre los jóvenes, ya tiene una bajísima percepción de riesgo y es de fácil acceso", sostuvo Conde.

El consumo de cannabis, que representa el 70% del de drogas ilegales en Uruguay, se ha duplicado en los últimos 10 años. Según las autoridades hay unos 128.000 fumadores de cannabis, aunque las asociaciones de consumidores calculan que rondan los 200.000, en un país con una población de 3,3 millones de habitantes.

Derribar estigmas

Sebastián Romero, de 24 años, cultiva cannabis desde hace seis años. Para él, la norma uruguaya es un "gran paso adelante".

"Es una locura que vaya presa gente por plantar marihuana (...) Con la ley me quedo tranquilo de que estoy bajo las normas", dijo.

Para Hernán Delgado, que seguía el debate desde las barras del Parlamento, aunque el consumo de drogas está bastante naturalizado en Uruguay, los consumidores suelen ser estigmatizados.

"La ley va a permitir reformular la visión que tiene la sociedad de los usuarios de drogas", opinó Delgado, integrante de la organización Regulación Responsable, que en los últimos meses lanzó varias campañas en respaldo a la ley.

El debate parlamentario prometía extenderse hasta la noche, para cuando se esperaba la llegada de "la última marcha con la marihuana ilegal" convocada por diversos grupos sociales.

Riesgos para la salud

Desde la oposición, que rechaza la iniciativa, se advierte sobre las consecuencias que puede tener el proyecto sobre el consumo y la salud de la población.

La norma generará "una disminución de la percepción de riesgo y del consumo en la población, especialmente en los niños y adolescentes", aseguró el senador Alfredo Solari, del opositor Partido Colorado.

"Ni nuestro gobierno ni el resto del mundo debería experimentar con los uruguayos", advirtió.

Desde el partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga, aseguró que se buscará promover la derogación de la norma en el próximo gobierno, a partir de 2015.

La iniciativa es también cuestionada por los químicos farmacéuticos, que rechazan la idea de que la droga sea vendida en las farmacias, y divide a los psiquiatras, enfrentando a quienes afirman que abatirá el consumo de drogas más peligrosas y quienes sostienen que banaliza los efectos nocivos del cannabis.

La ley sigue despertando además resistencia entre los 3,3 millones de uruguayos: una encuesta hecha en setiembre señaló que el 61% la desaprueba.

Tampoco los consumidores son unánimes: mientras muchos celebran, otros cuestionan el hecho de tener que registrarse y los límites al consumo que aplicará el Estado.

"No corresponde al Estado determinar cuánta marihuana se puede consumir y de qué calidad", dijo a la AFP Alicia Castilla, que estuvo en 2011 tres meses presa por tener plantas de marihuana en su casa.

En una región donde la guerra contra las drogas ha dejado decenas de miles de muertos, el proyecto es respaldado por expresidentes latinoamericanos integrantes de la Comisión Global de Política de Drogas, pero es visto con preocupación por los países vecinos Argentina o Brasil.

En tanto, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que vigila la aplicación de los tratados sobre drogas, ha advertido que el proyecto vulnera la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes adoptada por 186 países, incluido Uruguay.

La regulación del cannabis en Uruguay se suma a la legalización en los últimos meses del aborto y el matrimonio homosexual, y a una larga historia de leyes sociales liberales en el país.

Uruguay vota legalización de marihuana