Brasil inicia una semana de decisiones cruciales, concernientes al futuro de la coalición de gobierno que encabeza el Partido de los Trabajadores (PT). 

La primera de éstas será la definición oficial, por parte del cogobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), sobre su permanencia o no en la alianza con el PT, algo que deberá ocurrir este martes en una reunión prevista por su directorio nacional.

El desembarque del PMDB del gobierno puede considerarse un hecho consumado y así lo hicieron saber en los últimos días algunas de sus principales figuras.

De acuerdo con el ex-ministro de Aviación Civil y brazo derecho del vicepresidente Michel Temer, Eliseu Padilha, el hecho que cada una de las dos agrupaciones políticas pretenda ir a las elecciones presidenciales de 2018 con un candidato propio les imposibilita continuar juntas.

Padilha recordó en una entrevista concedida al Jornal do Comercio que en el reciente congreso pemedebista "fueron seis horas de micrófono abierto durante las cuales la crítica al gobierno y el clamor por el rompimiento fueron constantes".

En términos similares se manifestó el presidente del PMDB y de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Jorge Picciani, quien reiteró que el directorio de la agrupación está de acuerdo en romper con la presidenta Dilma Rousseff.

Picciani aseguró que el PMDB carioca tenía una posición distinta, de defensa del gobierno, pero indicó que "el panorama cambió" después de las delaciones del senador Delcídio Amaral (PT) y ante la imposibilidad de salir de disensos para alcanzar consensos mínimos.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño es el segundo más representado en la Cámara de Diputados, con 66 legisladores, y cuenta además con 19 senadores. Ocupa la Vicepresidencia de la República, gobierna siete estados y mil 022 municipalidades, y lleva las riendas de seis ministerios.

Por otra parte, el miércoles 30 se espera que sesione el plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) y aborde, entre otros temas, la suspensión cautelar del nombramiento del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-jefe de la Casa Civil, ordenada por el ministro de esa corte Gilmar Mendes.

El magistrado había resuelto también devolver el proceso de investigaciones que sigue contra Lula el juez federal de Curitiba, Sergio Moro, quien conduce la operación anticorrupción Lava Jato, pero esta disposición quedó sin efecto por resolución posterior del también miembro del STF Teori Zavascki.

Según Mendes, su determinación respondió a la presunción de que el nombramiento del ex presidente como jefe de gabinete se realizó con el único fin de impedir el posible arresto del mismo por parte de Moro, quien el 4 de marzo pasado ordenó llevarlo por la fuerza a declarar ante la policía Federal.

Por último, esta semana la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza el pedido de impeachment contra Rousseff prevé agotar otras cinco de las 10 sesiones reglamentadas, con el propósito de acelerar el proceso y poder someter a votación del plenario su decisión a mediados de abril. (I)