El juicio contra 35 presuntos miembros de Batasuna y otras formaciones ilegalizadas, acusados de haber formado parte entre 2005 y 2008 del "frente político" de la organización separatista vasca armada ETA, comenzó este jueves en la Audiencia Nacional de Madrid.

Antes que empezara el juicio, los dirigentes históricos y militantes de Batasuna y los partidos independentistas PCTV y ANV acusados posaron para la prensa detrás de una pancarta que rezaba "No más juicios políticos".

"Estamos ante un juicio de clara persecución política en la medida en que para las 35 personas encausadas, el grave delito del que les acusan es hacer un trabajo político", declaró uno de los acusados, Pernando Barrena, portavoz del partido independentista Sortu, antes del juicio celebrado en las afueras de Madrid.

Otra de las acusadas, la francesa Aurore Martin, aseguró: "Nos presentamos muy orgullosos de nuestra militancia política y pensamos que el trabajo realizado tiene mucho que ver con el nuevo contexto de paz que conocemos en el País Vasco".

"Estamos con fuerza y orgullosos", añadió, tras "ocho años transcurridos a la espera" de este proceso que debe culminar en marzo de 2016.La mayor parte de los acusados eran miembros de Batasuna, declarada ilegal desde 2003 en España pero autorizada en Francia hasta su autodisolución en 2013.

Juzgados por "integración en organización terrorista", deben responder por las actividades políticas (firma de artículos, conferencias de prensa, mítines...) llevados a cabo tras la prohibición del partido. Pueden recibir penas de hasta 10 años de prisión y la prohibición de ejercer cargos públicos durante al menos 10 años.

Sus defensores consideran este proceso "anacrónico" dado que numerosos acusados son miembros ahora de una formación legal, Sortu, creada en 2012, que acepta las reglas del juego democrático y busca la paz en esta región del norte de España.

En enero, el juicio fue aplazado por la detención de los abogados defensores bajo la acusación de fraude fiscal, blanqueo y adoctrinamiento de presos por parte de ETA.ETA, a la que se le atribuye la muerte de 829 personas, renunció a la violencia el 20 de octubre de 2011, tras 40 años de lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra pero no ha entregado las armas, como le exigen los gobiernos de España y Francia.