El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este jueves que está "dispuesto" a reunirse con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, con "algunas condiciones" para tratar la crisis fronteriza que ha tensado las relaciones bilaterales desde hace tres semanas.

"Le quiero decir al presidente Maduro que estoy dispuesto a reunirme pero que los colombianos necesitan que se les respeten sus derechos fundamentales", afirmó el mandatario en un discurso televisado.

Entre las condiciones consta: el permitir un "corredor humanitario" para que más de 2.000 niños que se encuentran en el lado venezolano de la frontera "puedan asistir al colegio en Colombia".

Además, el Jefe de Estado colombiano pidió la autorización para que 15 camiones puedan ingresar a Venezuela, pese al cierre de la frontera impuesto por Caracas, para que los más de 1.300 colombianos que han sido deportados en el marco de esta crisis puedan recuperar sus pertenencias.

La última condición para el diálogo es que las autoridades venezolanas "cumplan con los protocolos mínimos y no maltraten a los colombianos que van a ser deportados de Venezuela".

Si esas "condiciones mínimas humanitarias se cumplen, yo me siento a arreglar este problema", agregó Santos.

"Le aseguro, presidente Maduro, que lo podemos arreglar", insistió.

Ayer, el mandatario colombiano anunció que decretará la emergencia económica para enfrentar la situación de crisis en las zonas afectadas por el cierre de la frontera.

Al amparo de la emergencia económica se facilitará, entre otros aspectos, transportar el carbón que se produce en Sardinata, Salazar, Cúcuta y Zulia, y que está represado por el cierre fronterizo.

El Jefe del Estado subrayó que se trata de "convertir esta crisis en una oportunidad".

En tanto que el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de miles de colombianos afectados por el cierre limítrofe. 

La tensión entre Bogotá y Caracas comenzó el 19 de agosto, con el cierre de algunos pasos fronterizos por Maduro tras un ataque de desconocidos a militares venezolanos, que Caracas atribuye a "paramilitares colombianos".

Desde entonces, Venezuela ha deportado a unos 1.100 colombianos, mientras que otros 10.000 han cruzado la frontera por temor a ser expulsados, ser separados de sus familiares y perder sus pertenencias.

La crisis se profundizó cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores, el 27 de agosto.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km en la que las autoridades de ambos países denuncian la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de combustible y otros productos fuertemente subsidiados por el gobierno venezolano. (I)