El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este domingo 26 de abril, que “el uso de la fuerza letal está autorizado” para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los salvadoreños.

Ante el alza de los homicidios registrada desde el viernes y atribuida a las pandillas en las cárceles, el último viernes fue el día con más homicidios desde la toma de posesión de Bukele, con un total de 24 asesinatos.

El presidente ordenó a la Dirección de Centros Penales que se decrete el estado de emergencia máxima en las cárceles.

Bukele ha explicado a través de su cuenta en Twitter, que los servicios secretos detectaron órdenes provenientes de las cárceles con pandilleros recluidos para aumentar los homicidios.

“Las maras están aprovechando que casi la totalidad” de la “fuerza pública está controlando la pandemia” del coronavirus, señaló.
Bukele ordenó un encierro total las 24 horas sin contacto con el exterior en cada centro penitenciario.

Lo que significa que ninguno de los presos podrá salir de sus celdas como diariamente lo hacen o circular por pasillos y patios en el interior del presidio.

“Los cabecillas irán a aislamiento solitario. Nada de contacto con el exterior. Las tiendas permanecerán cerradas y todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso”, indicó Bukele a través de Twitter.

La Policía Nacional Civil “no descansará hasta encontrar a los responsables”, subrayó.

Por su parte, el director general de prisiones, Osiris Luna Meza, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, han recogido la orden y han anunciado que se encargarán de aplicar la medida.

El récord anterior, 19 fallecidos el 20 de septiembre de 2019, fue atribuido por Bukele a grupos opositores al Gobierno que trataban de desestabilizarlo. (I)

Respaldo por matar en defensa

El presidente de El Salvador aseguró que el Gobierno se encargará de la defensa legal de las personas que sean injustamente acusadas “por defender la vida de la gente honrada”.

Instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a procesar a los aliados de las pandillas por asociaciones terroristas y apología del terrorismo. (I)