El diagnóstico es unánime: la crisis política por la cual pasa la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, 3 meses después de asumir su segundo mandato, es la falta de comunicación. El hilo se ha roto con la población que la  reeligió por 3  puntos de diferencia en octubre de 2014 y el alerta en la dirigencia política de izquierda del país se ha encendido por temor a una crisis con consecuencias imprevisibles.

La presidenta, el martes, nombró como ministro de Comunicación Social a un político de fuste del partido, a su tesorero de campaña Edinho Silva, un sociólogo que apunta a “democratizar” la voz del Gobierno en los medios de comunicación.

En otras palabras, la estrategia del Gobierno será tener más voz en los medios y la clave será el manejo de la publicidad destinada a medios alternativos o blogs. “Las decisiones serán técnicas”, dijo Silva, quien manejará una torta publicitaria del Estado nacional.

El Partido de los Trabajadores (PT) está en una suerte de diván: promueve un ajuste fiscal de corte neoliberal este año con el argumento de volver a crecer en 2016, pero a la vez ha perdido todas las batallas con sus aliados en el Congreso, que más que socios se han transformado en un hueso más duro de roer que la oposición.

Con marchas opositoras, cacerolazos y la prensa irradiando acusaciones del escándalo de corrupción en Petrobras en torno al Partido de los Trabajadores, el escenario para una nueva ley de comunicación anunciada por Rousseff antes de asumir el segundo mandato parece más lejana que nunca.

“En este escenario es difícil que pueda pasar esa ley. La ley tiene que ser presentada como una regulación económica de los monopolios, pero muchos le quieren endilgar cosas como censura. Insisto en que es muy difícil con este Congreso actual”, dijo a EL TELÉGRAFO Marco Aurelio García, asesor especial en asuntos internacionales de la presidenta Rousseff y extitular del PT.

La ley que regula los medios es de 1962 y tres artículos de la Constitución de 1988 esperan para ser reglamentados pero son resistidos por los grandes medios de comunicación.

La afirmación de García tiene fundamento, en un momento crítico para el Gobierno, con el 12% apenas de popularidad de la mandataria.

“Mientras yo esté en mi puesto, una ley de medios no pasará”, anunció abiertamente el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un ultraconservador evangélico convertido en nuevo héroe de la derecha que pertenece al Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), del vicepresidente Michel Temer.

El PMDB ha mostrado las garras y, de hecho, traba todas las iniciativas de Dilma. Cunha es visto por sus adversarios como un garante de los intereses de los grandes medios, en especial de la TV Globo. “Yo finjo que soy aliado y el PT simula que es mi aliado”, subrayó Cunha en la tapa del diario O Globo, del principal multimedios del país.

Respetar el derecho a la crítica

Precisamente esta posición del PMDB -el aliado más importante del PT que controla las dos cámaras- hace al PT revisar su estrategia para conformar un gran bloque de centroizquierda en el país. “Lula y yo coincidimos en que nos gusta la experiencia del Frente Amplio de Uruguay”, dijo García durante una reunión, en Sao Paulo, de la dirigencia del PT, en la cual la fuerza de Gobierno se declaró “bajo ataque”.

Las diferencias sobre cómo encarar la crisis de comunicación han generado chispas entre los petistas más cercanos a Luiz Inacio Lula da Silva y los que están responsables de la negociación política con Dilma Rousseff.

Para solucionar este vacío aparece en escena Silva como ministro de Comunicación Social para trazar la estrategia del Gobierno. La orden de Rousseff, que siempre se mostró moderada, es “respetar las manifestaciones, el derecho a la crítica, la libertad de prensa, pero también diseminar en todos los rincones del país las acciones de Gobierno”.

El ministro saliente, Thomas Traumann, renunció tras haber hecho circular un análisis sobre “comunicación errática” y “caos político” que llevaron a un gobierno iniciado en 2003 que sacó a unas 50 millones de personas de la pobreza y a 20 millones de la miseria a ser vinculado directamente con la corrupción y la inercia exhibida por Dilma.

El nuevo ministro de Comunicación Social anunció que en el país se registra “un momento de turbulencia y de ajustes, pero este Gobierno tiene credibilidad para decirle al pueblo lo que será dicho en el futuro”.

“No habrá tema prohibido, conflicto que no pueda ser explicado ni contradicción que pueda ser aclarada”, afirmó Silva.

Durante su asunción, anunció algo que molesta a los grandes medios de corte opositor como Globo, Bandeirantes, los periódicos Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo y la editorial Abril, que publica el semanario ultraconservador Veja. “Quiero utilizar bien los recursos para que lleguen al mayor número de medios, respetando la diversidad regional para que la mayor parte de la población tenga acceso a las campañas informativas”, subrayó.

El trabajo será cuesta arriba. Por ejemplo, la última vez que Dilma Rousseff usó la cadena nacional, el Día Internacional de la Mujer, para explicar el ajuste de las cuentas públicas recibió como respuesta, en las grandes ciudades, protestas con bocinazos y cacerolazos. 7 días después, la oposición se había articulado de tal manera que colocó a 2 millones de personas en las calles, indignadas por la corrupción en Petrobras, gritando “Fuera Dilma”.

Los problemas de corrupción que golpean el Gobierno se reflejan en la aprobación a la gestión de la presidenta Rousseff. Según un sondeo de la encuestadora Ibope, divulgado el miércoles, apenas el 12% de los brasileños encuestados consideró que el gobierno de Rousseff realizaba un trabajo “excelente” o “bueno” y el 64% lo calificó de “malo” o “pésimo”. La consulta, realizada entre el 21 y 25 de marzo, abarcó a 2.002 personas y tuvo un margen de error de 2 puntos porcentuales. (I)