La Fiscalía de Brasil recomendó no investigar a la presidenta Dilma Rousseff ni a su contendiente en las elecciones 2014, el socialdemócrata Aecio Neves, en la megacausa de corrupción que asfixia a Petrobras, dijo este jueves la prensa local.

La llamada "lista de Janot", en referencia al procurador general Rodrigo Janot, tiene en vilo a Brasil desde que el martes se anunció que contenía 54 nombres bajo secreto judicial a los que podría investigarse para determinar si estuvieron involucrados en la red delictiva que operó en la petrolera estatal.

La nómina incluye políticos con fueros protegidos, según divulgó la fiscalía, y por eso Janot debió solicitar a la corte suprema que lo habilite a iniciar diligencias para determinar responsabilidades en el esquema de licitaciones fraudulentas, sobornos y lavado de dinero que movió 4.000 millones de dólares durante la última década en las entrañas de Petrobras.

La corte aún no se expidió sobre el caso, ni sobre el pedido de levantamiento de la reserva de los nombres, pero fuentes que conocen el proceso afirman que lo hará en los próximos días.

"La procuradoría consideró que las menciones de los dos [Neves y Rousseff, en las declaraciones de los implicados] no eran suficientes para pedidos de investigación", señaló el diario O Globo sin detallar la fuente de la información.

Otros diarios nacionales siguieron la misma línea.

"No tenía conocimiento, pero recibo como un homenaje el archivo. Hubo un intento de involucrar a la oposición. Y si el fiscal concluyó que no hubo nada, él tiene la última palabra", dijo el senador Neves, líder del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), a O Globo.

La inminente revelación de quienes están en la lista generó zozobra e irritación en el Congreso y desató una tormenta política entre el gobierno y sus aliados.

La red comenzó a revelarse mediante las confesiones voluntarias de algunos de los principales implicados en la trama, a cambio de reducciones en sus eventuales condenas.

Consultada por la AFP, la Fiscalía dijo que todo el material cursado a la corte suprema está bajo secreto judicial y aclaró que no había ninguna comunicación oficial al respecto.

Según las delaciones de algunos acusados filtradas a la prensa, los fondos desviados fueron destinados a cuentas personales o para financiar partidos políticos.