Brasilia.-

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la presidenta Dilma Rousseff instaló el miércoles la Comisión de la Verdad que investigará las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar (1964-1985). La Mandataria fue torturada en su juventud y durante su discurso recordó los muertos y desaparecidos en esa época.

La gobernante dejó claro que la Comisión de la Verdad será totalmente independiente y contará con todo el respaldo del Gobierno para que “sin revanchismos esclarezca lo que ocurrió” durante los llamados “años del plomo”.

La Comisión tendrá un plazo de dos años para investigar crímenes contra los derechos humanos ocurridos entre 1946 y 1988, aunque se centrará en el último régimen militar.

Agregó que la misión de la comisión será restablecer la verdad sin violar la Ley de Amnistía de 1979 que impide llevar ante la justicia a los acusados de crímenes como tortura, secuestro, desaparición o asesinato durante la dictadura.

“No nos mueve el revanchismo, el odio o el deseo de escribir la historia de una forma diferente a lo que ocurrió, sino la necesidad de conocer sin ocultamientos lo que ocurrió”, afirmó la Mandataria, que fue torturada y estuvo presa dos años por su militancia en organizaciones de izquierda que combatieron la dictadura.

La Comisión de la Verdad, cuyos siete integrantes se reunieron por primera vez el miércoles poco después de tomar posesión, podrá identificar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, pero no podrá llevarlos a la justicia.

Rousseff aseguró que sólo la recuperación de la verdad permitirá la pacificación y la reconciliación nacional.
“Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y especialmente merecen la verdad quienes perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo cada día”, destacó.

Sin citar la Ley de Amnistía de 1979 y tras recordar que Brasil recuperó la democracia gracias a diferentes acuerdos políticos, Rousseff aseguró que tanto su gobierno como la comisión respetarán esos “pactos”.

Y aprovechó la ceremonia para firmar el decreto que reglamenta la Ley de Acceso a la Información, que entró en vigor ayer y obliga a toda institución pública a ofrecer las informaciones solicitadas por cualquier ciudadano.

La presidenta explicó que la ley impedirá que las informaciones relativas a violaciones de los derechos humanos puedan volver a ser declaradas reservadas o secretas.“Las dos iniciativas son fruto del largo proceso de construcción de la democracia de tres décadas en el que participaron siete presidentes de la República”, dijo.

En ese sentido, manifestó su complacencia por estar acompañada por todos sus antecesores en el cargo desde el regreso de la democracia en 1985, con excepción del fallecido Itamar Franco (1992-1994).

Recordó que la comisión fue creada en el gobierno de Lula y tuvo como precedente la decisión del gobierno de Cardoso de reconocer la responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y la de Collor de hacer públicos miles de documentos militares.

Pese a que la ley que creó la comisión prevé la investigación tanto de las violaciones cometidas por los agentes del Estado como por los opositores a la dictadura, sus integrantes han dejado claro que se centrarán en los primeros por ser los más numerosos.

Esa decisión fue reforzada por el ex ministro de Justicia José Carlos Dias, que pronunció un discurso en la ceremonia en representación de todos los miembros del nuevo organismo.