La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acusó este lunes a la oposición de querer anticipar las elecciones presidenciales de 2018, en medio de un recrudecimiento de la tensión política luego de que la policía obligase al exmandatario Lula a declarar por el caso de corrupción en Petrobras.

Rousseff endilgó parte de los problemas que atraviesa Brasil a una "sistemática crisis política que provocan aquellos que están inconformes, que perdieron las elecciones (presidenciales de 2014, ndlr) y quieren anticipar la elección de 2018".

El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), antecesor y mentor político de Rousseff, fue obligado el viernes a declarar ante la policía por el escándalo de corrupción que le costó más de $ 2.000 millones a la estatal Petrobras.

Fiscales brasileños sospechan que Lula aceptó millonarios favores de constructoras acusadas de desfalcar a la petrolera, en una megacausa que investiga un sistema político-empresarial de sobornos y fraudes destinado a financiar fuerzas aliadas al gobierno y a enriquecer a los involucrados.

Rousseff, que visitó a Lula en Sao Paulo en señal de apoyo el domingo, volvió a criticar la actuación de la justicia.

"No tiene el menor sentido, conducirlo por orden judicial, para prestar declaraciones, si (Lula) jamás se negó a ir", afirmó la presidenta durante un acto de inauguración de viviendas sociales en el sur de Brasil este lunes.

Rousseff, quien enfrenta dos procesos que podrían terminar anticipadamente su mandato, acusó a la oposición de querer "dividir el país".

La conducción coercitiva de Lula para declarar ante la policía recalentó la crisis política que vive desde hace un año el mayor país de América Latina, hundido en una recesión económica y sacudido por la investigación judicial de la corrupción en Petrobras.

Analistas señalan que este episodio cierra aún más el cerco sobre el gobierno de Rousseff, debilitado políticamente, y que debe hacer frente a un pedido de impeachment en el Congreso, así como a un proceso de impugnación de su mandato en la justicia electoral por sospechas de que financió su campaña con recursos ilegales.

La amplia repercusión mediática de esta nueva fase de la investigación judicial también atizó la disputa entre detractores y simpatizantes del gobierno, que prometieron salir a las calles en los próximos días a defender sus respectivas banderas.

Lula, responsable del proyecto político que sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza, se dijo víctima de un "show mediático" y prometió luchar por su inocencia: "Si me quieren derrotar, me tendrán que enfrentar en las calles de este país", afirmó. (I)