Quizá Mariano Rajoy considere que el coste de la corrupción ya ha sido amortizado en las urnas con la pérdida de un tercio de su masa electoral, pero a partir de ahora deberá convivir con varios escenarios aún más comprometidos para su futuro político. El último y más alarmante está protagonizado por la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, un ícono en el Partido Popular (PP), que ayer desobedeció a la dirección del partido que el martes le pidió que renunciara a todos sus cargos tras descubrirse pruebas que la vinculan directamente en una compleja trama de corrupción que actuó en la comunidad valenciana durante décadas.

Barberá, que ayer anunció que abandona el PP, pero que no renunciará a su acta como senadora para mantener sus privilegios de aforada y, por lo tanto, de evitar a la justicia ordinaria, se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo decida si abre o no una causa contra ella por un delito de blanqueo de capitales descubierto en el marco de la operación ‘Taula’ y que ya implica a toda la dirección regional del partido conservador.

Sin embargo, este cuadro hiperrealista español no es el único que ha aflorado en las últimas horas en el camino del máximo candidato a presidir el país. Las explicaciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, a la comisión del Congreso por su defensa de la candidatura de José Manuel Soria, exministro de Industria relacionado con los ‘Papeles de Panamá’, para dirigir el Banco Mundial han encendido las protestas del resto de fuerzas políticas que ayer pidieron su dimisión irrevocable. Bien podría llamarse el ‘septiembre negro’ del PP, ya que han aparecido en el momento menos indicado para un político que busca la fórmula para armar un gobierno.

Lo peor para Mariano Rajoy es que en dos semanas aparecerán sentados en el banquillo de los acusados un exvicepresidente del Ejecutivo, como Rodrigo Rato, y todos los antiguos tesoreros del partido desde 1987 hasta 2010, bajo la acusación de malversación de fondos públicos y pagos irregulares. En total, la justicia ha fijado 31 sesiones hasta marzo solo para cuestiones previas y declaración de los acusados junto a más de 300 testigos, todos vinculados al PP. Un galimatías judicial que no solo ha ablandado la posición crítica de un sector del PSOE hacia su líder, Pedro Sánchez, por impedir la investidura de Rajoy y explorar posibles acuerdos con otras formaciones del Congreso.

Una de las más enconadas rivales de Sánchez a nivel interno, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, volvió ayer a la carga al recordarle a su secretario general que “con 85 escaños no se puede gobernar este país y hay que hacer una oposición útil”. Un mensaje que esclarece el ambiente irrespirable en el que se hallan los socialistas, más preocupados por la guerra fratricida que mantienen para controlar el partido que por la gobernabilidad del país.

Díaz también mostró su apoyo al presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, que tras censurar la incomunicación decretada por Pedro Sánchez con los barones autonómicos contrarios a su gestión recibió incontables críticas por parte de militantes. Además de Susana Díaz, la europarlamentaria Elena Valenciano, Carme Chacón y el exsecretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostraron ayer su aliento a Fernández Vara y clamaron por respetar “la libertad de expresión dentro del PSOE”.  

Todos ellos encabezan la rebelión de los llamados ‘barones’ contra la dirección actual del partido y piden la celebración de un comité federal para debatir ‘las consecuencias’ de la repetición de unas terceras elecciones en lugar de escoger la abstención en el caso de que Mariano Rajoy vuelva a optar a una investidura. Algo ya impredecible mientras los múltiples fuegos que hoy han prendido en la política española no sean sofocados. (I)