La senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, histórica dirigente del Partido Popular (PP), que era investigada por blanqueo de capitales, caso incluido en una de las mayores tramas corruptas de España, falleció ayer tras sufrir un infarto en un hotel de Madrid.

La súbita muerte de Barberá, de 68 años, causó impacto en los sectores políticos del país que, tras una reunión de urgencia, decidieron tributarle un homenaje en el Congreso. Todos menos Unidos Podemos, que se ausentó de la cámara al considerar que una política con la ‘turbia trayectoria’ de Barberá no era merecedora de un reconocimiento con semejante simbolismo institucional. Esta decisión provocó un malestar en el PP y en el Gobierno cuyo ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió que “cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho y dicho de ella”.

También el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, visiblemente emocionado, valoró el trabajo desempeñado durante 24 años al frente del Ayuntamiento de Valencia y reconoció sentirse apenado por su muerte.

Fue el exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, amigo personal de la política fallecida, quien reveló su estado de salud desmejorado tras declarar el pasado lunes ante el tribunal que investigaba su relación con varios casos de corrupción.

Algunos dirigentes del PP le aconsejaron que dejara el escaño que ocupaba como senadora independiente y saliera del foco mediático para poder defenderse ante la justicia con cierta dedicación. Pero fue ayer cuando comenzó a sentirse mal. Según confirmó un portavoz del servicio de emergencias sanitarias de Madrid, su muerte se produjo a las 07:00 (hora local) de ayer, en el hotel donde se alojaba ante la celebración de un pleno en la Cámara alta. (I)

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Tribunal deberá archivar causa

47 personas están imputadas en la Operación Taula

La desaparición de Rita Barberá obliga al Tribunal Supremo español a archivar la causa abierta contra ella el pasado 14 de septiembre, por su presunta participación en la Operación Taula.  

Se trata de un sumario de financiación irregular a gran escala del PP valenciano, en el que hay 47 personas imputadas y todos los concejales populares menos uno, al eximir su responsabilidad penal.

Tras la acusación, Barberá dejó el PP, aunque no su escaño de senadora. (I)