El Instituto Forense de Guatemala declaró este martes "mentalmente incompetente" al exdictador Efraín Ríos Montt para enfrentar el proceso judicial por el genocidio cometido en contra de una etnia indígena durante su régimen de facto, entre 1982 y 1983.

Ríos Montt, de 89 años, "no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra, no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales, y no es capaz de contribuir en su propia defensa", precisa el informe del Instituto Forense, un organismo público autónomo. 

El estudio fue aportado al proceso que un juzgado de etapa intermedia adelanta contra Ríos Montt para decidir si lo lleva a juicio por la masacre de 201 campesinos cometida durante su régimen en la aldea Dos Erres, en Petén, unos 600 km al norte de la capital.  

Sin embargo, según los abogados del anciano exdictador, el informe afecta también el proceso por genocidio por el cual se tiene programado un nuevo juicio para el próximo 23 de julio.

El informe indica que Ríos Montt presenta "un cuadro de deterioro cognitivo que le impide rendir adecuadamente en términos de pensamiento y juicio" y que "hay historia de sintomatología sensoperceptiva en forma de ilusiones y alucinaciones que implica afección del sistema nervioso central".

Al exdictador se le han efectuado otros estudios médicos que revelan la existencia de una serie de padecimientos crónicos propios de la edad, como problemas cardíacos y una lesión en la columna vertebral que lo mantienen postrado en cama.

Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo de 2003 a 80 años de prisión por la masacre de 1.700 indígenas mayas-ixiles, perpetrada durante los 18 meses de su gobierno de facto.

Sin embargo la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, anuló la sentencia por considerar que se incurrió en errores procesales y ordenó un nuevo debate.

El inicio del nuevo proceso estaba programado para el 5 de enero pasado, pero la defensa recusó a la jueza Jeannette Valdez, integrante del tribunal, por haber opinado sobre el genocidio en una tesis académica en 2004, argumento que fue aceptado por el Poder Judicial.

En consecuencia, fue señalado el 23 de julio para el nuevo debate, que podría verse obstaculizado por el informe médico forense.

Los defensores de las víctimas atribuyen el genocidio cometido durante el régimen de Ríos Montt a una política de exterminio estatal contra el pueblo indígena, que los militares consideraban base de apoyo de los movimientos insurgentes durante la guerra civil que padeció el país entre 1960 y 1996. (I)